La crisis internacional de 2008 dejó al descubierto las debilidades del sistema financiero y también dejó sin hogares ni recursos a muchas familias en todo el mundo. Tras ese terremoto económico, se ha tomado especial conciencia de la importancia de la educación financiera de las familias.
De hecho, en varios países hispanohablantes (México, Argentina, Chile, Perú, España…), gobiernos e instituciones celebran cada primer lunes de octubre el Día de la Educación Financiera.
Contar con los conocimientos adecuados permite a las personas conocer sus derechos y deberes financieros, lo que les empodera a la hora de negociar con bancos y entidades; les brinda confianza en la gestión de sus proyectos, y, en definitiva, les ayuda a hacer elecciones económicas responsables y conscientes que, en último término, van a repercutir en su propia libertad y bienestar personal.
Aún sin saberlo, no paramos de tomar decisiones financieras: desde niños, cuando buscamos maximizar el beneficio de la paga en la tienda de golosinas, o más bien la ahorramos para comprar un juguete, hasta hacernos mayores, cuando diseñamos el plan de jubilación en busca del mayor bienestar en un periodo vital con ingresos limitados. Pero elegir entre ir en transporte público o andando, o si pagar en efectivo o con tarjeta de crédito, son también decisiones financieras.
Hasta ahora, en la infancia y la adolescencia las decisiones económicas se limitaban, básicamente, a controlar el gasto y ahorrar. En los últimos tiempos, los jóvenes se han visto atraídos por la inversión en criptomonedas: son fáciles de adquirir y han tenido un crecimiento espectacular y generado enormes beneficios para muchos inversores. Pese a estas expectativas triunfales, con lo que no cuentan es con la enorme volatilidad de los mercados digitales.
El objetivo final de este esfuerzo educativo ha de ser evitar la exclusión financiera de los ciudadanos, sobre todo de los miembros de los colectivos más vulnerables desde el punto de vista económico: la población con menor capacitación digital, las personas en riesgo de exclusión social o con discapacidad, y los niños y los jóvenes.