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Fotografía en blanco y negro de un hombre encapuchado y con mascarilla que mira a cámara.

Violencia machista en tiempos de Covid-19: los datos no son lo que parecen

Los meses de confinamiento y periodos de reclusión de distinta intensidad vividos en 2020, inéditos hasta ese momento en nuestra sociedad, trajeron además consigo toda suerte de vaticinios en lo concerniente a la forma en que nos organizaremos socialmente tras la experiencia pandémica.

Particularmente insistentes se mostraron desde un principio algunas voces académicas, institucionales y periodísticas en la advertencia de que el confinamiento intensificaría los factores de riesgo de violencia contra las mujeres en el hogar.

Sin duda, ha habido quien se ha sorprendido cuando a final de año se conoció que los datos oficiales de víctimas mortales por violencia de género en España parecían contrastar con tan razonables advertencias: 2020 cerró con el menor número de asesinatos desde 1999, que es el momento en que se inicia el recuento anual de víctimas (hay quien lo sitúa en 2003).

Indudablemente, habrá habido quien, con posterioridad y desde el compromiso activo contra esta lacra, no haya sabido asimilar un dato que, podría pensarse, invalidaba en parte las advertencias efectuadas al inicio de la pandemia.

Por supuesto, habrá también quien haya utilizado el dato para tachar a quienes las han expresado de oportunistas, tratando de justificar así su negativa a reconocer la especificidad del problema.

La estadística representa, ante todo, una inmensa maquinaria para la producción de significados de carácter social, lo que en una sociedad de la información como la actual adquiere especial relevancia por tres razones que son deudoras (en especial la segunda y la tercera) de la Teoría de la Acción Comunicativa de Habermas:

  1. La información abunda, es masivamente accesible y goza de excelentes canales para su difusión.

  2. A diferencia de lo que sucedía en modelos societales anteriores (sociedad postindustrial y modernidad tardía), en la sociedad de la información cualquiera puede participar como agente para la producción del conocimiento, especialmente aquel de carácter social, lo que supone, de algún modo, que se encargue de la selección, codificación y narrativación de la información con objeto de que esta pueda ser compartida.

    Es lo que viene a definirse como inversión de los tradicionales roles de sujeto y objeto del conocimiento respecto al modelo anterior, este último consistente en que un ente legitimado como emisor (por ejemplo, por medio de un título académico) era al mismo tiempo sujeto, es decir, podía unidireccional y autoritariamente enviar información para ser recibida y decodificada de una determinada manera (de acuerdo a reglas establecidas por el ente emisor) por un colectivo objeto. Seguro que conocen a alguien que suela dar sistemáticamente por válido aquello que aparezca publicado en cualquier medio escrito y con independencia del formato, lo que probablemente correlacionará con dificultades para manejarse con el teléfono móvil o en internet; eso es porque esa persona se sigue situando a sí misma como objeto, de acuerdo al antiguo modelo.

    Por otro lado, conviene insistir en que en el modelo actual la información debe poder ser compartida, lo que conferirá al conocimiento social un carácter dinámico y situado (es decir, específico a la definición de la situación que realice cada sujeto).

  3. El punto 2 nos lleva irremediablemente a plantearnos el problema de la legitimidad del conocimiento producido en la sociedad de la información, lo que sin duda se entenderá mejor si tratamos de responder a esta pregunta: ¿Podemos llamar conocimiento a lo que producen y emiten youtubers desde sus cuartos? La respuesta guardará relación con la capacidad del contenido y de la forma en que es emitido para movilizar a otras personas.

¿Es el número de asesinatos el indicador adecuado?

Ello nos lleva directamente a cuestionarnos la pertinencia de un indicador como el de víctimas mortales por violencia de género como medida de diagnóstico de la realidad a la que tenemos la obligación de hacer frente como sociedad democrática.

Sobre el primer punto solo cabe decir que, efectivamente, el indicador es suficientemente claro y conciso como para que su comprensión se encuentre al alcance de cualquier persona, lo que unido a la sensibilidad que suele despertar la violencia física, lo convierte en muy apto para ser difundido y, por ende, para dotar de visibilidad al problema.

La confrontación con el segundo y tercer punto genera, en cambio, mucha mayor controversia: en primer y segundo lugar porque el indicador se impone de forma unidireccional y sin admitir matices, cuando la realidad que describe es desgraciadamente muy rica en ellos (al contrario de lo que pueda parecer, la violencia contra las mujeres asume formas muy variadas, dentro de las cuales maltratador y víctima pueden presentar perfiles socioculturales muy diversos).

Esta definición sin matices puede plantear incluso una dialéctica contraproducente a quienes entran en contacto con el indicador: por ejemplo, mujeres u hombres que traten de evaluar su relación de pareja a través de él pueden llegar a la conclusión de que en ausencia de violencia física por parte del hombre no existe maltrato o machismo. Dicha dialéctica, además, puede ser usada a su favor por quienes niegan la desigualdad de género.

Finalmente, el indicador estadístico bebe de un procedimiento técnico que en una sociedad como la actual le confiere validez, aspirando a convertirlo en incontestable (so pena de hacer pasar por machista a quién lo cuestione), y aprovechando lo ostensivo de la realidad que describe hasta lograr acaparar el debate público.

De esta manera aleja a este último de los conceptos cualitativos (políticas emocionales, representaciones, normas y mandatos asociados a la separación entre esfera pública y privada) con verdadera capacidad de explicar las formas en las que la desigualdad de género es interiorizada e institucionalizada.

Paralelamente, este fervor cuantitativista encaja muy bien con una arquitectura cognoscitiva liberal, de la que ya hemos hablado en otros trabajos, que se encuentra muy presente en las políticas educativas a escala europea desde los años 90, y que en nuestra opinión se orienta a canalizar la capacidad reflexiva de los nuevos sujetos de la sociedad de la información hacia ámbitos especializados que no entren en contradicción con el trasfondo normativo del modelo económico.

¿Tenían, pues, razón quienes alertaban del riesgo de violencia contra las mujeres durante el confinamiento? Sí, por desgracia. ¿Significa el dato de mujeres asesinadas en 2020 que nos dirigimos hacia una sociedad en la que reine la igualdad entre mujeres y hombres? No, en absoluto. Y, como se ha tratado de explicar, no solo porque la tendencia en los últimos 22 años no sea a la baja (en 2001 se producen menos asesinatos que en 2018, en 1999 menos que en 2019; también es cierto que el periodo 2016-2020 es el de mayor estabilidad a la baja).

¿Se reveló el indicador útil en alguna ocasión? Sin duda, sirvió para dar visibilidad a un problema endémico de las sociedades postindustriales, lo que metía de lleno a las mujeres en la lucha por la igualdad política, sumándose a los frentes por la igualdad biológica y la igualdad jurídica.

Y nos sirve ahora como punto de partida para el trazado de dos líneas legislativas, hasta ahora confundidas entre sí, que se suman a la estructural: una de carácter disuasivo para perseguir el maltrato y la violencia contra las mujeres y otra para el conjunto de la ciudadanía, basada en la participación y orientada a la igualdad real.

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