En estos días de protesta de los agricultores, mucha gente se pregunta por las causas de su malestar cuando la agricultura es el sector económico más protegido de la UE, recibiendo cuantiosas ayudas de la PAC (Política Agraria Común). En realidad, la protección y el malestar no son contradictorios, sino que forman parte de la singularidad del sector agrario.
Un sector necesitado siempre de protección
En todos los países, un amplio sector de la agricultura recibe algún tipo de protección, con modalidades distintas según las realidades políticas y económicas nacionales. Y esto es así porque, a diferencia de otros sectores de la economía, la agricultura, en general, y salvo la franja de agricultores con explotaciones muy tecnificadas, no tiene capacidad para regularse.
Esto es debido, entre otras cosas, a lo siguiente: su dependencia de las condiciones climatológicas (volubles e imprevisibles), su heterogeneidad interna (explotaciones dispersas, atomizadas y de muy diversos tamaños y orientaciones productivas) y su dependencia de la industria y las empresas de la distribución (en una cadena alimentaria en la que los agricultores son el eslabón más débil).
Todo esto hace difícil que se pueda ajustar la oferta a la demanda en la agricultura, como sí es posible en el sector manufacturero, que reduce o amplía la oferta en función de una demanda que, además, puede inducirse a través de la publicidad.
En el caso de la agricultura, la demanda de alimentos es poco elástica (cambia poco), mientras que la oferta es muy variable debido a los cambios meteorológicos y la volatilidad de los mercados. Por ejemplo, si la sequía reduce la producción interna de un alimento básico, como las patatas, no por ello el consumidor va a dejar de comprarlo y tampoco consumirá más cantidad si baja de precio.
Además, el hecho de que los alimentos sean productos esenciales y su valor tenga una incidencia importante en la inflación convierte a la agricultura en un sector de especial atención por parte de los poderes públicos. A ello habría que unir las implicaciones de la actividad agraria en la salud, el medio ambiente y la preservación de los recursos naturales.
Por ello, ningún gobierno responsable puede permitirse una agricultura inestable e insegura, ni tampoco que detraiga sin ninguna limitación los recursos de la naturaleza o que produzca alimentos sin ningún tipo de control sanitario. Eso explica que los gobiernos tiendan a gestionarla a través de la política agraria, dedicando una parte notable del presupuesto económico para financiarla.
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La PAC y sus limitaciones
La singularidad de la UE es que existe una política agraria que es común a sus 27 Estados miembros (la PAC). Desde 1962, es la más importante de las políticas comunes de la UE. Ha garantizado a la población europea el abastecimiento de alimentos a precios asequibles y con productos de calidad.
Además, la PAC actúa como una red de seguridad para los agricultores mediante diversas modalidades de ayudas que suponen casi un tercio de la renta agraria.
En sus sesenta años de historia, la PAC ha ido adaptándose a los cambios producidos en la agricultura europea, reformándose cada siete años y exigiendo cada vez más a sus beneficiarios condiciones ambientales, sanitarias y de bienestar animal como respuesta a nuevas demandas de la sociedad y al problema del cambio climático.
En el periodo 2021-2027, la UE destina más de 50 000 millones de euros anuales a financiar la PAC (casi 5 000 millones de euros para el caso de España) y sus distintos programas: ayudas directas a la renta de los agricultores, incentivos para la modernización de sus explotaciones, ayudas a la instalación de jóvenes, ecorregímenes contra los efectos del cambio climático, programa agroambiental, etc.
No obstante, dada la creciente diversidad de la agricultura europea tras la ampliación de la UE a 27, y dada también la presencia de nuevas políticas que compiten por los recursos financieros comunes, la PAC es un instrumento cada vez más limitado para la estabilización del sector agrario europeo. Además, el intenso cambio tecnológico y digital que experimenta la agricultura tiene efectos diferenciadores dentro del sector.
En ese contexto, encontramos, de un lado, agricultores capaces de afrontar ese desafío innovando y modernizando sus explotaciones, y de otro, agricultores que tienen serias dificultades para hacerlo y que, por ello, se encuentran en situación límite. Estos últimos tienen, además, la sensación de estar abandonados y no recibir el reconocimiento social ni el apoyo que creen merecer a pesar de las ayudas que reciben.
Ello intensifica la inestabilidad y la insatisfacción dentro del sector, que no pueden ser gestionadas con los medios siempre limitados de la PAC. Son estas dificultades para adaptarse las que explican el malestar existente en una franja importante de agricultores, que son los que canalizan su malestar en forma de protesta. Los agricultores con explotaciones modernizadas y competitivas no precisan del apoyo de la PAC y no participan en las tractoradas.
La importancia de la vertebración asociativa
Para gestionar la inestabilidad crónica del sector agrario, los gobiernos necesitan contar con un marco de interlocución eficaz y estable, capaz de canalizar hacia arriba las demandas de un sector tan diverso y heterogéneo y de implementar hacia abajo, sobre el terreno, las distintas medidas de política agraria. Eso explica la importancia que tiene la vertebración de los intereses agrícolas y ganaderos en organizaciones representativas de tipo sindical (las organizaciones profesionales agrarias, OPA).
Asimismo, sólo es posible contrarrestar la atomización intrínseca de la agricultura, que, como he señalado, es fuente de inestabilidad, mediante la creación de asociaciones de tipo económico (como cooperativas y organizaciones de productores) que cumplen la función de concentrar la oferta y mejorar la débil posición de los agricultores en el conjunto de la cadena alimentaria.