Los ciudadanos españoles tienen en el artículo 31 de la Constitución el claro mandato de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos “de acuerdo con su capacidad económica”.
La norma que regula el Ingreso Mínimo Vital en España todavía busca su acomodo. Hace ya casi un año de su publicación en el BOE y desde entonces la norma ha sido modificada ya en cinco ocasiones.
Si bien es cierto que en un Estado social prevalece el interés general, siempre lo ha de hacer de forma ponderada, eligiendo la opción menos gravosa para todos.
El SARS-CoV-2 ha conseguido desbaratar en poco tiempo lo que tan costosamente se ha conquistado durante años: el derecho efectivo que protege la calidad de vida en la vejez.
Se acaba de aprobar en Consejo de Ministros el IMV, un ingreso basado en el principio de la necesidad, que se percibe según el nivel de renta. ¿Es este subsidio una competencia estatal o autonómica?
Es arriesgado pensar que la pandemia, por sí sola, sin una estrategia a medio y largo plazo deliberada, vaya a transformar el actual modelo socioeconómico.
La reforma de las pensiones promovida por el presidente francés puede interpretarse como un planteamiento estrictamente contable. Pero para paliar la desigualdad hay otras fórmulas.
España necesita implementar mecanismos que cubran la falta de ayudas públicas hacia el colectivo migrante, como los fondos de inversión socialmente responsable (ISR) o bonos de impacto social (BIS).