Del alcance y repercusión del Festival de Eurovisión ya no cabe ninguna duda, ni siquiera entre los detractores que se afanan en mancillarlo inútilmente. Sus audiencias millonarias, particularmente entre los jóvenes, y sus implicaciones comunicativas, artísticas, políticas y académicas hacen de Eurovisión un fenómeno sin parangón.
El mérito de que un programa tan longevo adquiera vigor creciente lo convierte en un singular objeto de estudio científico, pues ofrece una oportunidad inigualable para analizar elementos que conforman el orden cultural de la sociedad.
Las votaciones del Benidorm Fest
En este contexto se comprende la polémica provocada por la reciente elección de la representación de RTVE para la edición de 2022 de Eurovisión, a través del revitalizado Festival de Benidorm (bautizado ahora como Benidorm Fest). La movilización no se ha detenido en las redes sociales, sino que ha llegado incluso a sede parlamentaria. De nuevo, Eurovisión ha servido inusitadamente para constatar y alumbrar realidades, en este caso la falta de neutralidad de los elementos que configuran un sistema electoral, entendiendo por tal, siguiendo la definición ya clásica de Nohlen, “el procedimiento de conversión de los votos en cargos”.
Recordemos brevemente las bases de la votación en Benidorm. El parecer de un jurado profesional, compuesto por cinco miembros, constituía un 50 % del resultado final. Otro 25 % del peso de la elección procedía de un llamado “jurado demoscópico”: una muestra de 350 personas seleccionada por una empresa especializada como representativa de la población española, cuya opinión se transformaba en una serie de puntos previamente definida. Por último, el 25 % restante recaía en el llamado “televoto”, esto es, las llamadas y mensajes de teléfono, preferencias del público convertidas también en cantidades discretas determinadas con anterioridad.
La controversia ha surgido porque este sistema ha causado la impresión de propiciar la posibilidad –real o no– de un pacto colusorio del jurado profesional que contrarrestase el juicio del público manifestado en el televoto.
Varias circunstancias han contribuido a esa idea: el notorio poder de los miembros del jurado, debido a su escaso número y al alto valor de su votación; la extrañeza generada por la presencia de un jurado demoscópico como mecanismo para expresar el voto “popular”; y, sobre todo, la ausencia de proporcionalidad en la traducción a puntos de las cantidades obtenidas por cada candidatura en el televoto (de haberse empleado una fórmula estrictamente proporcional de reparto de los puntos atribuidos al público, hubiera vencido la canción que concitó el favor del mayor número de televidentes).
Normalidad electoral en Eurovisión
No obstante, es cierto que el procedimiento no se aleja de los habituales en el Festival de Eurovisión o en otras preselecciones. Así, el uso del jurado demoscópico está presente, sin ir más lejos, en el prestigioso festival de San Remo. Y, actualmente, en el Festival de Eurovisión el resultado es fruto también de la ponderación al 50 % del voto del jurado (cinco miembros en cada país, profesionales de la música) y del televoto (también mediante la conversión de los votos totales en cantidades determinadas y no proporcionales).
En la historia eurovisiva, el sistema “electoral” ha sufrido numerosos cambios. De los jurados heterogéneos (no “profesionales”) escogidos por las corporaciones participantes, y a los que se imputaba en no pocas ocasiones ser fácilmente manipulables, se pasó progresivamente, a partir de 1997, al televoto como fórmula principal o única de elección, como signo de “democratización” y transparencia.
Pero este sistema tampoco ha estado exento de críticas: factores no artísticos como las afinidades culturales, el voto migrante, las rivalidades políticas, las campañas mediáticas de posibles grupos de presión e, incluso, efectos de índole psicológica como la influencia del orden de intervención, al que es más sensible el público no especializado, parecían condicionar en exceso los resultados. De aquí que, desde 2009, con la pretendida finalidad de garantizar la primacía de las candidaturas de mayor calidad, se haya incorporado el voto del jurado profesional.
Como decíamos, Eurovisión (y sus preselecciones) nos evidencian una realidad ya conocida en todos los ámbitos, y particularmente en el político: no hay sistema electoral neutral.
La forma de votar también importa
Hace tiempo que sabemos que los redactores del Real Decreto-Ley 20/1977, precedente del artículo 68 de la Constitución, optaron, de forma tan sibilina como deliberada, por la circunscripción provincial y la fórmula D’Hondt para beneficiar a los partidos mayoritarios. En pro de la gobernabilidad, se sacrifica la justicia perseguida por la proporcionalidad, y no solo sucede en los sistemas mayoritarios, que al menos ahondan en la cualidad de la representatividad, sino en algunos inicialmente proporcionales que añaden luego groseramente una bonificación al partido ganador (por ejemplo, en Grecia).
Y la casi estricta proporcionalidad tampoco es indiferente en sus consecuencias: no hay que olvidar que las frecuentes crisis de gobierno en Israel o Bélgica vienen motivadas en gran medida por la fragmentación del sistema de partidos que propician fórmulas de este tipo.
En suma, el Benidorm Fest (y Eurovisión) nos enseñan que los elementos configuradores de un sistema electoral predisponen los resultados. Calidad, representatividad, participación popular… no siempre son criterios que conducen a idénticos desenlaces. Lo que está claro es que, casi tanto como el contenido del voto, importa la forma en que se vota: por eso, más que de mejores o peores sistemas electorales, cabe hablar de sistemas coherentes con los propósitos que los guían, por lo que conviene que, junto al sistema en sí, se revelen explícitamente los fines de una votación para evitar, después, desengaños.