La serie de televisión Yellowstone, un retrato de lo mejor y lo peor de Estados Unidos contemplado a través de los ojos de la familia Dutton, es el relato de un panorama despiadado: la corrupción como savia que recorre el cuerpo de una sociedad en la que la destrucción del paisaje adquiere valor de símbolo.
En un mundo de ficción en el que los asesinatos sin resolver no son noticia, el problema de los homicidas que los guionistas han sembrado a placer a lo largo de sus cinco temporadas es uno solo: cómo deshacerse de sus víctimas. Ignoran que dentro del Parque Nacional de Yellowstone hay una zona donde, cumpliendo estrictamente la legalidad, cualquier crimen mayor escapa al imperio de la ley.
Los escasos vecinos del parque cuentan una leyenda que dan por cierta, aunque parezca fantástica: en Yellowstone hay una “zona de la muerte” en la que cualquier delito queda impune. ¿Existe realmente esa zona? ¿Cómo pudo constituirse? ¿Alguien la ha puesto a prueba?
Lo que sigue es el resumen de lo que hemos investigado siguiendo la pista de lo que nos contó un guía local cuando trabajábamos en el parque, un relato que entonces nos pareció un cuento más de los que se comparten al calor de la lumbre, pero que, como decía Ethan Edwards en Centauros de Desierto, ha resultado ser “tan cierto como que el mundo da vueltas”.
La creación del parque nacional
El 96 % de los 8 983 km² del parque natural más antiguo de Estados Unidos están dentro de los límites de Wyoming, un 3 % en Montana y una franja de apenas 130 km² en Idaho. Cuando el presidente Ulysses S. Grant firmó la declaración del parque en marzo de 1872, los tres estados eran territorios (jurídicamente considerados distritos) que se incorporarían como estados a la Unión años después: en 1889 (Montana) y en 1890 (Idaho y Wyoming).
Al crear el parque nacional, el Congreso colocó todo su territorio bajo la jurisdicción del distrito de Wyoming: los distritos de Montana e Idaho cedieron a Wyoming las responsabilidades administrativas y jurídicas de las respectivas y angostas franjas de tierra sobre las que se extiende el parque. Con esa decisión, se creó un vacío legal derivado del conflicto entre los límites de los distritos judiciales frente a los estatales y la Constitución, que convierte en técnicamente legal salir impune de un asesinato o de cualquier otro delito mayor.
La laguna jurídica
Aunque todos los parques nacionales son territorio federal, en la sección segunda del artículo tercero de la Constitución se establece que todos los delitos cometidos en territorio estadounidense serán juzgados por un jurado durante un juicio que se celebrará en el estado en que se haya cometido. Por tanto, la salomónica decisión de 1872 convirtió al Tribunal de Distrito de Wyoming es el único tribunal de distrito con jurisdicción en varios estados.
La Sexta Enmienda de la Constitución decreta que “el acusado gozará del derecho a un juicio rápido y público por un jurado imparcial del estado y distrito donde se haya cometido el delito”.
Ese tipo de jurado está regido además por la Cláusula de Vecindad (Vicinage Clause). Ahí es donde el blanco y negro se difuminan al gris.
Que la Constitución garantice el derecho a un juicio con jurado en tres notaciones distintas (en la sección 2ª del artículo III y en las sexta y séptima enmiendas) es un pleno al quince en lo que se refiere a lagunas constitucionales: el acusado tiene derecho a que su sentencia la dicte un jurado compuesto por personas que residan en el distrito y en el estado en el que se perpetró el presunto delito.
Por eso, quienes cometan un delito en el área del parque situada en las franjas de Idaho o Montana tendrían que ser juzgados ante un jurado compuesto íntegramente por residentes en ellas. No se podría recurrir a otras zonas de Wyoming o de los otros estados implicados.
En la porción deshabitada de Idaho es imposible constituir un jurado a menos que se incorporen osos, lobos o tejones. Allí no vive nadie. En todo Estados Unidos, este es el único lugar donde se produce esa circunstancia. A pesar de que sin jurado no hay juicio, hay una posibilidad de otro juicio, que en la jerga legal estadounidense se conoce como “bench trial”.
Una renuncia improbable
En casi cualquier caso civil o penal, cualquier estadounidense tiene derecho a un juicio. Hay dos tipos: sin jurado (bench trial) y con jurado (jury trial). En el primero, el juez decide; en el segundo, lo hacen los residentes locales. La mayoría de la gente supone que todos los juicios se llevan a cabo ante un jurado, como suelen mostrar las películas, pero como el imputado puede elegir, ¿qué le movería a elegir uno u otro tipo?
La ley protege los derechos de los acusados, que podrían renunciar a su derecho a un juicio con jurado. ¿Pero quién iba a renunciar cuando tiene la oportunidad de cometer el crimen perfecto? Y no se les puede obligar a tener un juicio sin jurado. El acusado y solo el acusado puede renunciar a su derecho constitucional al juicio por vecindad.
Afortunadamente, no se han cometido delitos graves (al menos que se sepa) en la “zona de la muerte”, protagonista de una laguna que el Congreso podría resolver aprobando una ley que colocara las zonas de Yellowstone situadas en Idaho dentro del distrito de Idaho. Pero transcurridos diecinueve años desde que se denunció el asunto, no se ha hecho nada para remediarlo.
Rip Wheeler y Lloyd Pierce, los cowboys sicarios de la familia Dutton, pueden dormir tranquilos.