Contorsionar el Código Penal para que, ante un daño injusto, alguien, quien sea, sea castigado, es una tentación ancestral. En las sociedades democráticas debería contenerse.
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Dentro del Parque Nacional Yellowstone existe una “zona de la muerte”, una franja de tierra deshabitada en la que una laguna legal impide que cualquier crimen pueda ser juzgado.
¿Por qué buscamos chivos expiatorios cuando no encontramos explicaciones científicas ante determinados acontecimientos? Lo llevamos haciendo desde la Antigüedad.
Las amnistías e indultos, que hunden sus raíces en el concepto del perdón y la gracia, son potestad del Ejecutivo. Repasamos cómo se han otorgado en España, donde todavía se basan en una ley de 1870.
La posible vulneración de derechos fundamentales de los trabajadores que son investigados por la entidad, como el derecho a la intimidad o al secreto de las comunicaciones, pone en tela de juicio la eficacia de estos programas.
Desde que existe la Constitución apenas existen sentencias por sedición en España. Los ciudadanos tienen derecho a prever las consecuencias de sus actos sin temor a la intervención punitiva del Estado.
El principal problema de los cibercrímenes radica en la dificultad para traducir los ataques informáticos al derecho penal y determinar la infracción que suponen.
Los actos que Vladimir Putin está cometiendo contra Ucrania podrían ser perfectamente juzgados por la Corte Penal Internacional y estos son los argumentos legales.
El proceso mediático contra el exmarido de Rocío Carrasco nos debe hacer reflexionar sobre la necesidad de garantizar en todo caso la presunción de inocencia y el respeto a las garantías constitucionales.
En situaciones de excepción, es prioritario dictar normas adecuadas a las circunstancias, lo que implica aumentar el rigor del castigo y hacerlo con normas inmunes a la retroactividad penal favorable.
Cada 10 de octubre se celebra el día mundial contra la pena de muerte.
Su abolición se asienta en sólidas bases y saberes científicos, jurídicos y sociales.
La privación de libertad de manera provisional solo se justifica si hay riesgo de huida, para evitar la reiteración delictiva o la destrucción de pruebas. No ha de usarse ni como instrumento de coacción ni como pena adelantada.
Top contributors
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Profesor de Derecho Penal, Universidad de La Rioja
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Catedrático de Derecho Penal, Universitat de Barcelona
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Catedratico de Derecho Penal y miembro correspondiente de la Academia Francesa de Ciencias Morales y Políticas, Universidad de Castilla-La Mancha
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Catedrático de Derecho penal, Universidad de Castilla-La Mancha
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catedrático de Derecho Penal, Universidad Carlos III
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Profesora Titular de Derecho Procesal, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
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Catedrático de Historia del Derecho y de las Instituciones y director de la Cátedra UNESCO de Resolución de Conflictos, Universidad de Córdoba
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Profesora contratada doctora de Derecho Penal, Universitat de les Illes Balears
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Profesor Derecho Penal y de Seguridad Internacional, Universidad de Navarra
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Personal Investigador en Formación (FPU) en Derecho Procesal, Universidad de Salamanca
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Profesora Titular de Derecho Romano, Universidad de Castilla-La Mancha
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Catedrático emérito. Director del Real Jardín Botánico de la Universidad de Alcalá, Universidad de Alcalá
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Biólogo. Profesor de fotografía científica, Universidad de Alcalá
