Foto de Maria Callas en el programa de televisión ‘Small World’. El programa, presentado por Edward R. Murrow, se emitió en 1958.
CBS Television/Wikimedia Commons
En 1982 un tribunal francés dictaminó que la voz es un atributo más de la personalidad de Maria Callas, lo que se hace extensible al resto de personas.
Cada vez más, la tecnología permite interferir y registrar la actividad de nuestro cerebro, lo que apremia a legislar para protegerlo frente a las potenciales intromisiones.
Entre los peritos de nuestro sistema judicial, los astrónomos desempeñan un papel interesante y poco conocido. El autor de este artículo es astrónomo y aporta pruebas a varios casos por semana.
Detalle de una manifestación de apoyo a Ucrania en Tarragona en abril de 2022.
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Las clínicas jurídicas facilitan el ejercicio de sus derechos a las personas desplazadas por la guerra en Ucrania. De forma coordinada han elaborado una guía de trámites por Comunidades Autónomas.
Desde los tenistas hasta los representantes públicos, el doble rasero en la ley tiene consecuencias de gran calado que minan la confianza de los ciudadanos en el sistema.
La seguridad jurídica es fundamental en un Estado de derecho pero la estabilidad y la previsibilidad de las normas no excluyen que también se necesario, a veces, renovar el ordenamiento jurídico y adaptar las normas a las nuevas realidades.
La crisis de la covid-19 ha aumentado el gasto público. Antes que subir impuestos, mejor optimizar los recursos, evitando el fraude de algunos contribuyentes y el despilfarro en las Administraciones.
Todos los conflictos jurídicos surgidos en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 se resuelven a través de un procedimiento arbitral acelerado de 2 o 3 días, o de solo 24 horas en casos urgentes.
La tecnología de cadenas de bloques garantiza la inmutabilidad de los términos y las condiciones de ejecución de los contratos inteligentes eliminando la discrecionalidad humana en la ejecución del acuerdo.
Debería regularse un régimen de responsabilidad civil aplicado a los casos en que los sistemas de inteligencia artificial ocasionen perjuicios, como un incendio o una colisión.
La digitalización y la complejidad del tiempo presente, y futuro, exigen que repensemos la regulación en relación a la tecnología y se evalúe si necesitamos nuevos derechos digitales.
Si una persona está incapacitada para decidir si quiere vacunarse contra la covid-19, ¿quién debe decidir por ella? La decisión deberá atender al mayor beneficio para la vida o salud del paciente.
A menudo se acusa a las plataformas virtuales de obtener ventajas en el mercado con estrategias ilícitas. Pero ¿qué dice la regulación al respecto? ¿Son ciertas estas denuncias?
La crisis sanitaria, económica y social sin precedentes causada por la covid-19 supone un sinfín de casos fortuitos y de incumplimientos contractuales, pero nadie puede saltarse las normas del Derecho.
La vigilancia a los trabajadores a través de la tecnología vulnera sus derechos. Por eso es obligatorio hacerles saber, y que autoricen, ese control. Solo puede ser secreto en circunstancias excepcionales.
Reunión extraordinaria del Consejo de Ministros de España, presidida por la vicepresidenta Carmen Calvo, durante el que se decretó el estado de alarma en nueve ciudades de la Comunidad de madrid, incluida la capital.
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Es muy probable que el término “alarma” se asocie en la sociedad a una mayor gravedad, y no a una precisa cobertura constitucional, que es lo que ocurre en este caso.
El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el 21 de septiembre en Madrid.
Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa
La capital de España y otras ocho ciudades de la Comunidad de Madrid vuelven a estar en estado de alarma. El decreto del Gobierno aplica por esta vía las medidas de contención de la pandemia de COVID-19 que fueron anuladas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid la víspera. Desmenuzamos sus implicaciones.
Xabier Ezeizabarrena, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea
Las viejas recetas de ejercicio del poder político no son necesariamente válidas ante fenómenos globales como el cambio climático. Esto implica apostar por formas de poder compartido, difuso o en red.
El rey emérito puede ser juzgado por actos privados cometidos antes, durante y después de ejercer como jefe del Estado. Haría falta un desarrollo legislativo para redefinir su inviolabilidad.