El principio de seguridad jurídica es uno de los valores fundamentales sobre los que se articulan los ordenamientos jurídicos de un Estado de derecho. La Constitución española (CE) recoge en el artículo 9.3 su formulación expresa al garantizar:
“El principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos”.
Certeza y previsibilidad
Para comprender qué es la seguridad jurídica y cuál es su alcance y operatividad real debemos contemplar tanto su significado como su relación con el resto de principios contemplados en el artículo 9.3 de la Constitución española.
Comencemos por el contenido específico: la seguridad jurídica es certeza del derecho. Es decir, la certeza sobre cuál es y qué contempla la norma que debe aplicarse a cada caso. La certeza del derecho es, por tanto, una exigencia que afecta sobre todo a la redacción y elaboración normativa por parte de los poderes públicos.
Pero también es previsibilidad en los efectos de la aplicación de las normas por parte de los poderes públicos. O sea, la seguridad jurídica permite que se pueda tener una expectativa razonablemente fundada sobre las consecuencias jurídicas de los actos.
Una red de principios
La seguridad jurídica tiene una relación intrínseca con los otros principios incluidos en el artículo 9.3 de la Constitución.
Para acomodarse a las exigencias de la seguridad jurídica la producción normativa debe respetar, en primer lugar, el principio de publicidad de las normas. Su publicación oficial es esencial para que los destinatarios las conozcan y, además, garantiza que han sido aprobadas de acuerdo con los procedimientos legalmente establecidos.
El principio de legalidad, fundamental en el Estado de derecho, refuerza la seguridad jurídica al incorporar una doble exigencia. La primera, que ninguna situación o comportamiento susceptible de tener trascendencia jurídica carezca de respuesta normativa. La segunda, la claridad normativa, es decir, que las normas sean comprensibles y no contengan expresiones ambiguas, equívocas u oscuras. Así se limita la discrecionalidad de quienes deben aplicarlas y se refuerza la certeza del derecho.
La jerarquía normativa es un principio de ordenación que establece que unas normas prevalecen sobre otras, de modo que cada tipo de norma ocupa su lugar y regula la materia que le es reservada.
Una de las manifestaciones más evidentes de la seguridad jurídica es la irretroactividad de las normas. El artículo 9.3 CE prohíbe aplicar una norma no favorable o restrictiva de derechos a hechos producidos antes de su entrada en vigor.
En estos casos la seguridad jurídica opera como freno para, precisamente, mantener la certeza y previsibilidad del derecho. Una manifestación de ello es el principio de confianza legítima, que protege las expectativas generadas por la confianza de los ciudadanos en la legislación vigente frente a cambios imprevisibles. Y es que la retroactividad no puede ignorar la prohibición de arbitrariedad.
Pero nada impide que, si resulta favorable para los ciudadanos, las nuevas normas se puedan aplicar retroactivamente.
No obstante, la previsibilidad de las normas y la necesaria estabilidad del derecho entran en conflicto con la también necesaria renovación del ordenamiento jurídico y la adaptación de las normas a las nuevas realidades. Y es que la seguridad jurídica no es un principio absoluto.
Jueces y tribunales, sujetos a la ley
En el plano de la aplicación del derecho, el principio de seguridad jurídica se revela sobre todo en la firmeza de las resoluciones judiciales. El efecto de “cosa juzgada” viene a impedir, salvo contadas excepciones, la revisión de los asuntos que ya han sido sentenciados. Sin ese límite se correría el riesgo de mantener una sucesión interminable de procesos y fallos contradictorios sobre un mismo asunto.
Por ultimo, no debemos olvidar otro rasgo fundamental de la seguridad jurídica y es el sometimiento del juez a la ley. Jueces y tribunales tienen el deber de aplicar la ley y esa sujeción a la ley es lo que dota de previsibilidad a las consecuencias jurídicas de los actos.
La seguridad jurídica es, por tanto, un concepto rico en matices que se nutre de otras garantías para facilitar la certeza y previsibilidad del derecho.
No obstante, son muchos los desafíos que enfrenta este viejo principio. Por ejemplo:
La inflación normativa, provocada por un Estado hiperlegislador.
El desprecio por la técnica normativa en la elaboración de leyes y reglamentos, lo que da lugar a normas confusas, heterogéneas o ambiguas que dificultan su conocimiento y cumplimiento.
La existencia de múltiples legisladores y ordenamientos jurídicos –especialmente en un Estado descentralizado como España que, además, es miembro de la Unión Europea–, lo que provoca una multitud de normas y complejas relaciones entre ellas.
En conclusión, resulta esencial tomarse en serio la seguridad jurídica y promover un marco legal estable, predecible, coherente y claro, que facilite su conocimiento a los destinatarios para que puedan tomar sus decisiones, acomodar sus conductas y prever las consecuencias de sus actos.