La ley de regulación de la eutanasia establece factores como los requisitos, los profesionales implicados y los plazos. Sin embargo, seguirán existiendo incertidumbres y críticas a su aplicación.
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Articles on Constitución española
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El Tribunal Constitucional de España avala las sanciones a las manifestaciones que se realicen frente a las sedes de los órganos legislativos. Argumenta para ello su valor institucional y la importancia de su normal funcionamiento.
La educación constitucional en las aulas es necesaria, aunque casi inexistente. Pocos centros educativos dedican tiempo a explicar la norma fundamental, con lo que el alumnado desconoce cuáles son sus derechos y deberes. Precisamente la mejor forma de defenderla es conocerla.
Asturias ha sido la primera comunidad en solicitar la imposición del confinamiento domiciliario, pero la actual norma no prevé esta medida y, por tanto, ninguna Comunidad Autónoma podría acordarlo amparándose en el estado de alarma.
El toque de queda limitado a unas horas se plantea con el objetivo de impedir reuniones tras el cierre de lugares de ocio nocturno y para salvar la actividad económica y social propia de las fiestas navideñas.
La vigilancia a los trabajadores a través de la tecnología vulnera sus derechos. Por eso es obligatorio hacerles saber, y que autoricen, ese control. Solo puede ser secreto en circunstancias excepcionales.
Es muy probable que el término "alarma” se asocie en la sociedad a una mayor gravedad, y no a una precisa cobertura constitucional, que es lo que ocurre en este caso.
La capital de España y otras ocho ciudades de la Comunidad de Madrid vuelven a estar en estado de alarma. El decreto del Gobierno aplica por esta vía las medidas de contención de la pandemia de COVID-19 que fueron anuladas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid la víspera. Desmenuzamos sus implicaciones.
La denegación por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de las restricciones de movilidad en diez municipios madrileños supone un jarro de agua fría a la estrategia del Gobierno central en la lucha contra la COVID-19.
Urge un acuerdo político, y dentro del marco constitucional, entre ambas administraciones que vele por la salud de todos los habitantes madrileños.
En su acuerdo de diciembre de 2019, la coalición PSOE-Podemos se comprometió a derogar la reforma laboral del gobierno de Rajoy (2012). La pandemia ha alterado los tiempos pero la propuesta está en marcha.
Que la eutanasia forme parte de la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y se financie, por tanto, con dinero público, incluidos los supuestos en los que se practique en el domicilio de la persona, es la premisa necesaria para articularla como auténtica garantía prestacional y no un mero derecho de libertad.
El rey emérito puede ser juzgado por actos privados cometidos antes, durante y después de ejercer como jefe del Estado. Haría falta un desarrollo legislativo para redefinir su inviolabilidad.
El objetivo de los impuestos especiales no es recaudatorio. Si la carga económica ha disuadido al ciudadano del consumo, la recaudación será muy baja y la aplicación del tributo habrá sido un éxito.
Un uso apropiado del lenguaje puede ayudar a no alimentar la incertidumbre social provocada por la pandemia y evitar la desinformación y las noticias falsas.
Las administraciones públicas no tienen por qué colocar pancartas o banderas en sus edificios el 28 de junio, Día del Orgullo Gay, pero si lo hacen estarán actuando de plena conformidad con el ordenamiento nacional e internacional vigente.
Se acaba de aprobar en Consejo de Ministros el IMV, un ingreso basado en el principio de la necesidad, que se percibe según el nivel de renta. ¿Es este subsidio una competencia estatal o autonómica?
La seguridad jurídica es un principio básico en un Estado de derecho que hay que proteger especialmente en situaciones tan excepcionales como la que estamos viviendo por la pandemia del coronavirus.
¿Permiten nuestras normas procesales la utilización de medios telemáticos para la defensa de los detenidos en este tiempo de crisis? ¿Se garantiza suficientemente el derecho a la asistencia letrada en el proceso penal si utilizamos estos medios?
El estado de alarma se prorrogó el pasado miércoles en España por cuarta vez tras una aprobación con menor apoyo por parte del Congreso de los Diputados que en ocasiones anteriores. ¿Ha cambiado algo en esta cuarta prórroga? ¿Habrá una quinta? ¿Vulneran los derechos fundamentales esta continua renovación?
Top contributors
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Catedrático de Derecho Constitucional., Universidad de Oviedo
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profesor del Departamento de Derecho Público, Universitat de les Illes Balears
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Profesor de Derecho Constitucional, Universidad Complutense de Madrid
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Catedrático de Derecho penal, Universidad de Castilla-La Mancha
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Profesora de Ciencia Política, Universidad Miguel Hernández
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Directora de Departamento de Derecho y Seguridad, Universidad Nebrija
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Catedrático de Derecho Constitucional, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea
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Professor of Law, IE University
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Director del Departamento de Ciencias Jurídicas, Universidad de Alcalá
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Catedrático de Derecho Constitucional, Universidad de Córdoba
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Profesora IKERBASQUE, departamento de Análisis Económico, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea
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Catedrático de Derecho Mercantil, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea
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Profesor Titular de Política Económica, Universidad de Castilla-La Mancha
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Departamento de Fundamentos del Análisis Económico de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad Complutense de Madrid
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Investigador FPI de la Universidad del País Vasco UPV/EHU y Profesor Ayudante de Derecho Penal, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea
