Políptico que retrata a los siete ponentes de la Constitución Española de 1978 (Gabriel Cisneros, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, José Pedro Pérez Llorca, Gregorio Peces-Barba, Manuel Fraga Iribarne, Jordi Solé Tura y Miquel Roca Junyent), obra de Hernán Cortés Moreno.
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¿Qué ha ocurrido desde que se popularizó el término “consenso” en la transición? Un recorrido por su historia recuerda que el país necesita recuperar un proyecto integral para España, una política de Estado que supere el partidismo y el particularismo.
Edificio del Tribunal Supremo en Madrid (España).
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Desde que existe la Constitución apenas existen sentencias por sedición en España. Los ciudadanos tienen derecho a prever las consecuencias de sus actos sin temor a la intervención punitiva del Estado.
El anuncio del presidente de la Junta de Andalucía de la eliminación del impuesto de patrimonio ha provocado una carrera fiscal entre comunidades autónomas.
El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, que anunció recientemente que suprimirá el impuesto de patrimonio en Andalucía.
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Nuestro marco constitucional otorga a las comunidades autónomas un reparto del poder tributario que ha provocado una carrera fiscal de la que no se sabe muy bien cuál es la meta.
En España ya es obligatorio que las empresas de más de 50 trabajadores tengan planes de igualdad por razón de sexo. La realidad está demostrando las dificultades para implantarlos.
Los planes de igualdad favorecen la mejora del sistema económico, social y político y promueven un avance civilizatorio hacia una sociedad más justa, igualitaria y humana.
La Comisión Europea.
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Para el uso de los fondos Next Generation en investigación va a resultar indispensable redefinir la composición de los equipos de trabajo e incorporar personal encargado del cumplimiento normativo.
La seguridad jurídica es fundamental en un Estado de derecho pero la estabilidad y la previsibilidad de las normas no excluyen que también se necesario, a veces, renovar el ordenamiento jurídico y adaptar las normas a las nuevas realidades.
El puente de la Constitución de 1812 que une Cádiz con Puerto Real.
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La crisis de la covid-19 ha aumentado el gasto público. Antes que subir impuestos, mejor optimizar los recursos, evitando el fraude de algunos contribuyentes y el despilfarro en las Administraciones.
Comparar la carga impositiva entre comunidades permite ver las diferencias que forman parte del sistema autonómico, creado y avalado por la Constitución, y que son fruto de las decisiones de los propios gobiernos autonómicos.
El documento, adoptado el pasado 14 de julio de 2021 por el Gobierno de España, puede servir de referencia para una futura norma que mejore la protección de los derechos digitales de los ciudadanos.
La situación generada por la pandemia no ha hecho sino demostrar lo importantes que son determinados preceptos de la Constitución de 1978, que están posibilitando acciones legislativas y gubernamentales de apuesta por servicios y prestaciones públicas que están resultando esenciales.
En España, el derecho a una vivienda digna y adecuada se ve especialmente cuestionado para determinados grupos migrantes y étnicos, que se ven discriminados y excluidos del mercado de vivienda.
La Constitución española reconoce el derecho a la protección de la salud y el derecho al trabajo. En tiempos de pandemia, ambos se encuentran enfrentados. ¿Qué hacer para compatibilizarlos?
Las previsiones deficitarias en las cuentas de las pensiones obligan a una reforma que asegure el cumplimiento del mandato constitucional: garantizar a los ciudadanos la suficiencia económica en su vejez.
Con el fin del estado de alarma, las comunidades autónomas carecen de cobertura constitucional y legal para limitar los derechos fundamentales y, así, este tipo de medidas han quedado sujetas a la autorización de los Tribunales Superiores de Justicia autonómicos.
Vista de Palma de Mallorca.
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Si bien es cierto que en un Estado social prevalece el interés general, siempre lo ha de hacer de forma ponderada, eligiendo la opción menos gravosa para todos.
El proceso mediático contra el exmarido de Rocío Carrasco nos debe hacer reflexionar sobre la necesidad de garantizar en todo caso la presunción de inocencia y el respeto a las garantías constitucionales.
La ley de regulación de la eutanasia establece factores como los requisitos, los profesionales implicados y los plazos. Sin embargo, seguirán existiendo incertidumbres y críticas a su aplicación.
