La ley de regulación de la eutanasia establece factores como los requisitos, los profesionales implicados y los plazos. Sin embargo, seguirán existiendo incertidumbres y críticas a su aplicación.
Agentes antidisturbios de la policía nacional española cortan el acceso a la Carrera de San Jerónimo de Madrid, donde se ubica el Congreso de los Diputados, durante las protestas contra la crisis económica y el sistema político español en septiembre de 2012.
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El Tribunal Constitucional de España avala las sanciones a las manifestaciones que se realicen frente a las sedes de los órganos legislativos. Argumenta para ello su valor institucional y la importancia de su normal funcionamiento.
Estatua de Miguel de Cervantes frente al Congreso de los Diputados de España.
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La educación constitucional en las aulas es necesaria, aunque casi inexistente. Pocos centros educativos dedican tiempo a explicar la norma fundamental, con lo que el alumnado desconoce cuáles son sus derechos y deberes. Precisamente la mejor forma de defenderla es conocerla.
Viandantes en una calle comercial de Madrid el 1 de noviembre de 2020.
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Asturias ha sido la primera comunidad en solicitar la imposición del confinamiento domiciliario, pero la actual norma no prevé esta medida y, por tanto, ninguna Comunidad Autónoma podría acordarlo amparándose en el estado de alarma.
El toque de queda limitado a unas horas se plantea con el objetivo de impedir reuniones tras el cierre de lugares de ocio nocturno y para salvar la actividad económica y social propia de las fiestas navideñas.
La vigilancia a los trabajadores a través de la tecnología vulnera sus derechos. Por eso es obligatorio hacerles saber, y que autoricen, ese control. Solo puede ser secreto en circunstancias excepcionales.
Reunión extraordinaria del Consejo de Ministros de España, presidida por la vicepresidenta Carmen Calvo, durante el que se decretó el estado de alarma en nueve ciudades de la Comunidad de madrid, incluida la capital.
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Es muy probable que el término "alarma” se asocie en la sociedad a una mayor gravedad, y no a una precisa cobertura constitucional, que es lo que ocurre en este caso.
El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el 21 de septiembre en Madrid.
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La capital de España y otras ocho ciudades de la Comunidad de Madrid vuelven a estar en estado de alarma. El decreto del Gobierno aplica por esta vía las medidas de contención de la pandemia de COVID-19 que fueron anuladas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid la víspera. Desmenuzamos sus implicaciones.
La calle Preciados de Madrid con la sede del gobierno autonómico al fondo.
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La denegación por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de las restricciones de movilidad en diez municipios madrileños supone un jarro de agua fría a la estrategia del Gobierno central en la lucha contra la COVID-19.
El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante su encuentro en la sede de la Comunidad de Madrid el 21 de septiembre de 2020.
Comunidad de Madrid
Urge un acuerdo político, y dentro del marco constitucional, entre ambas administraciones que vele por la salud de todos los habitantes madrileños.
La ministra de Trabajo y Economía Social y el de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Gobierno de España reunidos con los agentes sociales el 25 de junio de 2020.
Ministerio de Trabajo y Economía Social. Gobierno de España.
En su acuerdo de diciembre de 2019, la coalición PSOE-Podemos se comprometió a derogar la reforma laboral del gobierno de Rajoy (2012). La pandemia ha alterado los tiempos pero la propuesta está en marcha.
Que la eutanasia forme parte de la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y se financie, por tanto, con dinero público, incluidos los supuestos en los que se practique en el domicilio de la persona, es la premisa necesaria para articularla como auténtica garantía prestacional y no un mero derecho de libertad.
El rey emérito puede ser juzgado por actos privados cometidos antes, durante y después de ejercer como jefe del Estado. Haría falta un desarrollo legislativo para redefinir su inviolabilidad.
El objetivo de los impuestos especiales no es recaudatorio. Si la carga económica ha disuadido al ciudadano del consumo, la recaudación será muy baja y la aplicación del tributo habrá sido un éxito.
Un uso apropiado del lenguaje puede ayudar a no alimentar la incertidumbre social provocada por la pandemia y evitar la desinformación y las noticias falsas.
Las administraciones públicas no tienen por qué colocar pancartas o banderas en sus edificios el 28 de junio, Día del Orgullo Gay, pero si lo hacen estarán actuando de plena conformidad con el ordenamiento nacional e internacional vigente.
La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero; acompañada por el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en el que se aprobó el Real Decreto-ley por el que se pone en marcha un Ingreso Mínimo Vital.
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Se acaba de aprobar en Consejo de Ministros el IMV, un ingreso basado en el principio de la necesidad, que se percibe según el nivel de renta. ¿Es este subsidio una competencia estatal o autonómica?
La seguridad jurídica es un principio básico en un Estado de derecho que hay que proteger especialmente en situaciones tan excepcionales como la que estamos viviendo por la pandemia del coronavirus.
¿Permiten nuestras normas procesales la utilización de medios telemáticos para la defensa de los detenidos en este tiempo de crisis? ¿Se garantiza suficientemente el derecho a la asistencia letrada en el proceso penal si utilizamos estos medios?
El Pleno del Congreso de los Diputados de España guarda un minuto de silencio en recuerdo de las personas fallecidas por el #COVID19. 6 de mayo de 2020.
Congreso de los Diputados de España.
El estado de alarma se prorrogó el pasado miércoles en España por cuarta vez tras una aprobación con menor apoyo por parte del Congreso de los Diputados que en ocasiones anteriores. ¿Ha cambiado algo en esta cuarta prórroga? ¿Habrá una quinta? ¿Vulneran los derechos fundamentales esta continua renovación?
Investigador FPI de la Universidad del País Vasco UPV/EHU y Profesor Ayudante de Derecho Penal, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea