En España, las empleadas domésticas acaban de conseguir, tras años de lucha, el derecho al paro y que se endurezcan las condiciones para su despido. Queda pendiente regular las condiciones del trabajo doméstico interno.
El presidente de Perú, Pedro Castillo, interviene en la sesión del Pleno del Congreso de la República, en el marco de la moción de vacancia.
Presidencia de Perú / Flikr
Para superar la crisis institucional que vive el Perú su presidente sugiere cambiar la legislación. Pero las crisis no se arreglan solo cambiando las leyes. Se necesita visión de Estado por parte del Gobierno y de la oposición.
El acuerdo firmado entre los sindicatos y una plataforma digital en España contempla informar a los trabajadores cómo se organiza la gestión del trabajo mediante el uso de algoritmos. Esta es una ‘reivindicación bandera’ de los riders de todo el mundo.
Con el fin del estado de alarma, las comunidades autónomas carecen de cobertura constitucional y legal para limitar los derechos fundamentales y, así, este tipo de medidas han quedado sujetas a la autorización de los Tribunales Superiores de Justicia autonómicos.
Manifestación en Barcelona durante la huelga general convocada el 21 de febrero de 2019 contra los juicios del Procés..
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El Gobierno español está legitimado para conceder a los presos del procés un indulto parcial, añadiendo, si lo considera conveniente, una cláusula condicional para que los reos no vuelvan a reincidir en un período de tiempo determinado.
El rey de España, Felipe VI, y la fiscal General del Estado, Dolores Delgado, escuchan al presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, durante el acto de apertura del año judicial 2021.
Casa Real
La reforma propuesta por el gobierno español para renovar a los miembros del Consejo General del Poder Judicial ha llevado a tres asociaciones judiciales a pedir amparo a la Comisión Europea.
Intervención del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, durante el acto de apertura del Año Judicial 2020-21, en presencia del rey Felipe VI, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado y el ministro de Justicia Juan Carlos Campo, el 7 de septiembre de 2020.
Casa Real
No deja de ser irónico que el CGPJ se configurara en la Constitución como una institución para defender la independencia judicial y siempre aparezca en el foco del debate político.
El rey emérito puede ser juzgado por actos privados cometidos antes, durante y después de ejercer como jefe del Estado. Haría falta un desarrollo legislativo para redefinir su inviolabilidad.
Las administraciones públicas no tienen por qué colocar pancartas o banderas en sus edificios el 28 de junio, Día del Orgullo Gay, pero si lo hacen estarán actuando de plena conformidad con el ordenamiento nacional e internacional vigente.
Ejemplar de la Constitución Española editado por el Boletín Oficial del Estado para el referéndum del 6 de diciembre de 1978.
Congreso de los Diputados
La Constitución Española de 1978 es una norma fundamental fruto de un amplio consenso que ha permitido varias décadas de convivencia en paz. Pero la sociedad ha evolucionado y la Carta Magna ha de evolucionar con ella sometiéndose a reforma.
Un policía antidisturbios trata de apagar una barricada en una autopista catalana el 15 de octubre.
EFE / David Borrat
Ni todos los 155 y 116 juntos, ni la Ley de Seguridad Nacional resolverán la cuestión catalana ni devolverán a Cataluña de forma definitiva la paz y la convivencia social.
Sede del Tribunal Supremo de España.
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Una vez descartado el delito de rebelión, se condena a los acusados por un delito de sedición en concurso medial con uno de malversación. Una interpretación llena de matices.
Manifestación en Barcelona el 11 de septiembre de 2014.
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En un Estado de Derecho todos estamos sometidos a la Ley y no se puede aceptar el privilegio de la inmunidad de la clase política. Las leyes son iguales para todos.
Los condenados, en el banquillo de los acusados durante el juicio celebrado en el Tribunal Supremo.
RTVE
Según el autor, la sentencia
establece un límite, fija un precedente y protege el sistema constitucional español. pero no afecta a los derechos fundamentales como libertad de opinión, manifestación, expresión o manifestación.
Retransmisión en directo del juicio al Procés, en el que nueve miembros del antiguo Govern de la Generalitat de Cataluña, la expresidenta del Parlament y dos líderes de organizaciones independentistas se sientan en el banquillo del Tribunal Supremo. En la pantalla, Javier Zaragoza, fiscal del Tribunal Supremo.
MarcoPachiega / Shutterstock
¿Cabe una secesión de Cataluña “mediante” la Constitución? Sí, pero sólo cuando se cumplen las previsiones constitucionales. ¿La conducta de los parlamentarios independentistas catalanes es constitutiva del delito de rebelión? El Supremo tiene la última palabra.
El caso de ‘La Manada’ llega este viernes al Supremo. Se analizarán los recursos contra la sentencia que confirmó las condenas a cinco hombres por abusar sexualmente con prevalimiento de una mujer en los Sanfermines de 2016. A la espera de la resolución del Supremo, el autor de este artículo, crítico con la primera sentencia, recuerda que una justicia democrática no es la que resuelve los casos atendiendo a la opinión mayoritaria de la ciudadanía sino conforme a la ley.
Retratos de los ponentes de la Constitución Española obra de Hernán Cortés Moreno. De izquierda a derecha, Gregorio Peces Barba, Gabriel Cisneros Laborda, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, Miquel Roca Junyent, José Pedro Pérez Llorca, Jordi Solé Tura y Manuel Fraga Iribarne.
Congreso de los Diputados
De los siete ponentes a los que se encargó la redacción de la Constitución, ninguno era mujer. Esto no sería un problema en sí mismo si los órganos de poder actuales fueran reflejo de la población española tan rica y diversa.