La exitosa estrategia de acoso y derribo de la República de Weimar que siguió el Partido Nacional Socialista constó de varios elementos, como culpar de todo al gobierno de turno o crear una amalgama de potenciales enemigos.
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Articles on constitución
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España prepara una ley que permitirá movilizar a todos los mayores de edad ante situaciones de emergencia.
El Gobierno español está legitimado para conceder a los presos del procés un indulto parcial, añadiendo, si lo considera conveniente, una cláusula condicional para que los reos no vuelvan a reincidir en un período de tiempo determinado.
En los últimos tiempos hemos vivido distintos casos muy mediáticos y polémicos en los que la prisión prisión provisional se ha aplicado con duraciones muy distintas.
Con la Constitución en la mano no se puede esconder o disfrazar una nueva restricción general de derechos fundamentales bajo la excusa de que es lo que demanda la lucha a brazo partido contra la pandemia.
Urge, argumentan los autores, regular el derecho / deber de resistencia que ejercieron las sufragistas, los pacifistas, los antisegregacionistas y tantos otros activistas y movimientos sociales a los que debemos buena parte de las libertades de las que disfrutamos.
Educar sin explicar a los estudiantes asuntos como los derechos humanos no es hacerlo de manera integral. Muchos docentes no tienen la formación adecuada para impartir una materia que se hace imprescindible para que los más jóvenes sepan cuáles son sus derechos y sus deberes en sociedad.
No deja de ser irónico que el CGPJ se configurara en la Constitución como una institución para defender la independencia judicial y siempre aparezca en el foco del debate político.
Desde un punto de vista legal, ¿cuál es la capacidad coercitiva del Gobierno de España en el conflicto que mantiene con el de la Comunidad de Madrid?
¿Pueden convivir simultáneamente dos estados de alarma? ¿Uno decretado por el Gobierno central y otro por las comunidades autónomas? ¿Qué es lo que dice al respecto la normativa legal?
A pesar del aumento de los contagios, el autor no cree que las comunidades autónomas vayan a establecer medidas excepcionales, como el estado de alarma de la pasada primavera, para hacer frente a la crisis sanitaria.
¿Cuál debe ser la respuesta legal cuando el ejercicio del derecho de reunión puede estar poniendo en riesgo los logros alcanzados en materia de salud pública gracias a la declaración del estado de alarma?
El estado de alarma ha generado un amplio debate entre los expertos constitucionalistas en España, algunos de los cuales señalan, al contrario que el autor de este artículo, que los derechos ciudadanos han quedado suspendidos. ¿Cómo han gestionado esta situación excepcional países como Francia, Italia, Alemania o Portugal, que también han padecido los embates de la pandemia?
El estado de alarma se prorrogó el pasado miércoles en España por cuarta vez tras una aprobación con menor apoyo por parte del Congreso de los Diputados que en ocasiones anteriores. ¿Ha cambiado algo en esta cuarta prórroga? ¿Habrá una quinta? ¿Vulneran los derechos fundamentales esta continua renovación?
Esta pandemia no solo pone en riesgo la salud del cuerpo humano, sino también la del cuerpo político y social democrático.
El autor insta a la ciudadanía a no bajar la guardia para que las medidas decretadas por el Gobierno para un periodo limitado al fin de la emergencia sanitaria no se traduzcan en una merma de derechos básicos y sociales.
Acaso a la falta de cultura política se una el intento de colar por la puerta de atrás una versión partidista o deficitaria de la democracia. No existe un único modelo, y los procesos y contextos en los que se proyecta la democracia son diversos, si bien las Constituciones occidentales poseen principios comunes.
El desenlace en lo que va de siglo es desalentador. Ahora no existe una lucha por formar parte de esto; incluso uno de los motores, Reino Unido, lleva años queriendo dejar el proyecto, pero se presenta a las elecciones europeas.
Una juez obligó el pasado abril a una mujer que quería parir en su casa a ingresar en el hospital autonómico de Asturias. A partir de este caso, que ha generado controversia social, el autor analiza las implicaciones jurídicas de la pretensión de algunas mujeres de dar a luz en su domicilio.
Los jóvenes no pueden emanciparse y algunas familias sufren desahucios, pero esa es la cara televisiva del problema. El derecho a la vivienda sigue sin tratarse como un derecho fundamental en España.
Top contributors
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Catedrático de Derecho Constitucional., Universidad de Oviedo
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Profesor de Derecho Constitucional, Universidad Complutense de Madrid
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Presidenta de la Asociación Española de Comunicación Científica. Doctora en Historia, Universidad de Córdoba
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Profesora de Derecho Constitucional, Universidad de Oviedo
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Profesora titular de Sociología, Universidad Carlos III
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Profesor de Derecho Administrativo, Universitat de València
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Rector de la Universidad de Oviedo. Catedrático de Derecho Constitucional, Universidad de Oviedo
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Directora de Departamento de Derecho y Seguridad, Universidad Nebrija
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Catedrático de Derecho Constitucional, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea
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Professor of Law, IE University
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Director del Departamento de Ciencias Jurídicas, Universidad de Alcalá
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Profesora de Derecho Constitucional y Derechos Fundamentales, Universitat de Barcelona
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Catedrático de Derecho Constitucional, Universidad de Córdoba
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Catedrático de Universidad en Economía Aplicada (Econometría), Universidad de Castilla-La Mancha
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Catedrático de Derecho Administrativo, UPF, Universidad de Huelva
