La historia española relata la existencia de diversos nacionalismos períféricos (catalán y vasco), mientras que, en muchos casos, se obvia la existencia de un nacionalismo español de matriz castellana.
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¿Puede suponer esta formación una seria amenaza para la convivencia ciudadana? Cuatro jóvenes investigadores han radiografiado al partido que preside Santiago Abascal y a sus votantes.
El Gobierno español está legitimado para conceder a los presos del procés un indulto parcial, añadiendo, si lo considera conveniente, una cláusula condicional para que los reos no vuelvan a reincidir en un período de tiempo determinado.
La Candidatura d'Unitat Popular (CUP, una organización independentista, ecologista, feminista y anticapitalista) ocupa un posición central en la serie de acontecimientos que se han sucedido en Cataluña en los últimos años y que se conocen con el nombre de “el Procés”.
En el Barça, fútbol, sociedad civil y política se cogen de la mano.
¿Por qué nos cuesta tanto elaborar un análisis racional, desapasionado y no partidista de las tradiciones, creencias y valores que adoptamos los grupos humanos?
La Constitución de 1978 contempla fórmulas de democracia directa, como los referéndum. A raíz del ‘procés’, el Tribunal Constitucional distingue entre consulta popular referendaria y consulta popular no referendaria. ¿En qué se diferencian?
La Constitución Española de 1978 es una norma fundamental fruto de un amplio consenso que ha permitido varias décadas de convivencia en paz. Pero la sociedad ha evolucionado y la Carta Magna ha de evolucionar con ella sometiéndose a reforma.
Corresponde al Estado español cumplir con la obligación de adoptar o fortalecer las medidas necesarias para garantizar los derechos fundamentales de todos los individuos que se encuentren en su territorio.
Ni todos los 155 y 116 juntos, ni la Ley de Seguridad Nacional resolverán la cuestión catalana ni devolverán a Cataluña de forma definitiva la paz y la convivencia social.
Una vez descartado el delito de rebelión, se condena a los acusados por un delito de sedición en concurso medial con uno de malversación. Una interpretación llena de matices.
En un Estado de Derecho todos estamos sometidos a la Ley y no se puede aceptar el privilegio de la inmunidad de la clase política. Las leyes son iguales para todos.
Según el autor, la sentencia
establece un límite, fija un precedente y protege el sistema constitucional español. pero no afecta a los derechos fundamentales como libertad de opinión, manifestación, expresión o manifestación.
¿Cabe una secesión de Cataluña “mediante” la Constitución? Sí, pero sólo cuando se cumplen las previsiones constitucionales. ¿La conducta de los parlamentarios independentistas catalanes es constitutiva del delito de rebelión? El Supremo tiene la última palabra.
El éxito electoral del populismo en la era de la posverdad está impulsado por lo digital, en concreto, por las redes sociales. Las elecciones en Cataluña (21D) están marcadas por el líder influencer.
Top contributors
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Catedrático de Derecho penal, Universidad de Castilla-La Mancha
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Associate professor of Political Science, Universidad Autónoma de Madrid
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Associate professor, Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya
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Profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, Universidad de Alcalá
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Profesora de Periodismo y Comunicación Institucional y Política, Universidad de Sevilla
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Profesor asociado Facultad de Educación, Traducción y Ciencias Humanas, Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya
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Profesor Tutor Biología, UNED - Universidad Nacional de Educación a Distancia
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Professor Animal Breeding, Universidad Politécnica de Madrid (UPM)
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Lecturer, Universidad Autónoma de Madrid
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Assistant Professor, University of Southampton
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Profesora de Derecho Constitucional, IE University, IE University
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Director del Grado en Seguridad y Máster en Inteligencia, doctor en Derecho y abogado en ejercicio, Universidad Nebrija
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Catedrático de Derecho Penal, Universitat de València
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catedrático de Derecho Procesal, Universitat de Barcelona
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profesor de derecho constitucional del Departamento de Derecho Público, Universitat de les Illes Balears
