Las elecciones del 12 de mayo de 2024 en Cataluña marcaron la primera derrota de los partidos independentistas desde 2015, poniendo fin a su mayoría parlamentaria y cuestionando la continuidad del ‘procés’ y del movimiento independentista en la región.
Ya ha llegado al Congreso de los Diputados español la polémica proposición de Ley sobre la amnistía por hechos vinculados al procés catalán. La normativa produce la extinción de la responsabilidad penal, administrativa y contable.
La historia española relata la existencia de diversos nacionalismos períféricos (catalán y vasco), mientras que, en muchos casos, se obvia la existencia de un nacionalismo español de matriz castellana.
¿Puede suponer esta formación una seria amenaza para la convivencia ciudadana? Cuatro jóvenes investigadores han radiografiado al partido que preside Santiago Abascal y a sus votantes.
El Gobierno español está legitimado para conceder a los presos del procés un indulto parcial, añadiendo, si lo considera conveniente, una cláusula condicional para que los reos no vuelvan a reincidir en un período de tiempo determinado.
La Candidatura d'Unitat Popular (CUP, una organización independentista, ecologista, feminista y anticapitalista) ocupa un posición central en la serie de acontecimientos que se han sucedido en Cataluña en los últimos años y que se conocen con el nombre de “el Procés”.
¿Por qué nos cuesta tanto elaborar un análisis racional, desapasionado y no partidista de las tradiciones, creencias y valores que adoptamos los grupos humanos?
La Constitución de 1978 contempla fórmulas de democracia directa, como los referéndum. A raíz del ‘procés’, el Tribunal Constitucional distingue entre consulta popular referendaria y consulta popular no referendaria. ¿En qué se diferencian?
La Constitución Española de 1978 es una norma fundamental fruto de un amplio consenso que ha permitido varias décadas de convivencia en paz. Pero la sociedad ha evolucionado y la Carta Magna ha de evolucionar con ella sometiéndose a reforma.
Corresponde al Estado español cumplir con la obligación de adoptar o fortalecer las medidas necesarias para garantizar los derechos fundamentales de todos los individuos que se encuentren en su territorio.
Ni todos los 155 y 116 juntos, ni la Ley de Seguridad Nacional resolverán la cuestión catalana ni devolverán a Cataluña de forma definitiva la paz y la convivencia social.
Una vez descartado el delito de rebelión, se condena a los acusados por un delito de sedición en concurso medial con uno de malversación. Una interpretación llena de matices.
En un Estado de Derecho todos estamos sometidos a la Ley y no se puede aceptar el privilegio de la inmunidad de la clase política. Las leyes son iguales para todos.
Según el autor, la sentencia
establece un límite, fija un precedente y protege el sistema constitucional español. pero no afecta a los derechos fundamentales como libertad de opinión, manifestación, expresión o manifestación.
¿Cabe una secesión de Cataluña “mediante” la Constitución? Sí, pero sólo cuando se cumplen las previsiones constitucionales. ¿La conducta de los parlamentarios independentistas catalanes es constitutiva del delito de rebelión? El Supremo tiene la última palabra.
El éxito electoral del populismo en la era de la posverdad está impulsado por lo digital, en concreto, por las redes sociales. Las elecciones en Cataluña (21D) están marcadas por el líder influencer.