Los principios básicos de la economía social de mercado, término acuñado en 1947 por el economista alemán Alfred Müller-Armack en un intento de encontrar un término medio entre la economía de mercado liberal y la economía planificada, coinciden con el contenido del artículo 3 del Tratado de la Unión Europea (2004), que finalmente nunca vio la luz:
“[Se] obrará en pro del desarrollo sostenible de Europa basado en un crecimiento económico equilibrado y en la estabilidad de los precios, en una economía social de mercado altamente competitiva, tendente al pleno empleo y al progreso social, en un nivel elevado de protección y mejora de la calidad del medio ambiente”.
La economía social de mercado sería una economía de claro corte neoliberal (pues defiende un mercado interno con competencia libre y sin restricciones) pero manteniendo los pilares del estado de bienestar y la paz social.
¿Utopía?, ¿contradicción en los términos?, ¿compatibilidad? Müller-Armack pensaba que eran compatibles (y complementarios) en una economía en la que las leyes y los mecanismos del mercado estuvieran dirigidos e inspirados por criterios sociales.
La economía social en España
España se dotó de la Ley de Economía Social (Ley 5/2011, de 29 de marzo) en 2011. Según la norma, la economía social puede verse como “El conjunto de actividades económicas y empresariales que, en el ámbito privado, llevan a cabo aquellas entidades que, de conformidad con los siguientes principios, persiguen el interés general económico, social, o ambos”:
La primacía de las personas y del fin social sobre el capital. Este principio supone tener una gestión transparente, democrática y participativa en la que la toma de decisiones se hace en función de la aportación de las personas al trabajo de la entidad y no en relación a sus aportaciones al capital.
El no reparto de dividendos, al menos de la manera clásica.
El compromiso con el desarrollo local, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la cohesión social, la inserción de personas en riesgo de exclusión social, la generación de empleo estable y de calidad, la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, y la sostenibilidad.
La independencia respecto a los poderes públicos.
Compromiso europeo
El esbozo de Constitución Europea que no fructificó, de alguna manera se transformó en el Tratado de Lisboa, que entró en vigor en 2009 y mantuvo la idea de una economía libre de mercado pero con guiños sociales.
Lo cierto es que el apellido social acompaña muy a menudo las acciones, iniciativas, resoluciones o directivas que emanan de la Comisión Europea y de sus respectivos organismos cuando hablan de modelos económicos.
Lo mismo ocurre con otros términos como sostenibilidad, justicia, progreso o libertad. Todos términos loables y solemnes pero, en gran medida, aspiracionales. Generalmente, la libertad de mercado y lo social no van en la misma dirección. De hecho, en numerosas ocasiones sus prioridades son radicalmente opuestas.
A finales de 2021, después de un largo periodo de consulta a la ciudadanía, a la sociedad civil y al tercer sector, la Comisión Europea presentó el Plan de Acción para la Economía Social en Europa. ¿Supone un paso más en la construcción de una economía social de mercado?, ¿es una verdadera apuesta por una visión económica, un modelo de economía, al servicio de las personas y la justicia social? Lamentablemente, no queda claro todavía.
¿Los cimientos de una nueva economía?
En Europa, la economía social representa [el 8 % del PIB] y cuenta con 2.8 millones de empresas y 13.6 millones de empleos, que suponen el 6.3 % del mercado laboral de la UE.
La presentación del plan europeo para la promoción de la economía social, que lleva por subtítulo Construir una economía que funcione para las personas, fue arropada por tres comisarios, todos ellos hombres (los de Economía, Empleo y Derechos Sociales y Mercado Interior). Para uno de ellos, Nicolas Schmit, “su fuerte arraigo local puede ofrecer soluciones innovadoras a muchos de los retos mundiales de hoy en día (…). La economía social trabaja con y para las comunidades locales y tiene un enorme potencial para crear empleo”.
El plan pretende, de aquí a 2030 y a través de 38 medidas agrupadas en 3 bloques (legal, estratégico y de comunicación):
Asegurar un correcto marco legal que permita crear las mejores condiciones para su crecimiento. Busca incluir no solo el desarrollo normativo ad hoc sino también atender a su fiscalidad, los sistemas de certificación y, sobre todo, la mejor forma de potenciar este modelo económico: la compra pública responsable.
Desarrollar oportunidades y capacidades a través de la mejora del acceso a la financiación de aquellas iniciativas que potencien el desarrollo económico y la creación de empleo, y contribuyan a una recuperación justa e inclusiva o a las transiciones ecológica y digital.
Apoyar y relanzar la visibilidad y el reconocimiento de la economía social, especialmente entre la juventud europea, a través de la recopilación de evidencias que demuestren su impacto social.
Economía social, un reto para Europa
Volviendo a la cuestión central de este artículo sobre qué apuesta hace la CE sobre la economía social, parece que es una apuesta sectorial y no global. Sí, el nuevo plan de acción era necesario, es un gran paso, supone un avance y ha sido saludado con alegría por el sector. Sin embargo, creo que se queda corto en la transformación de la economía europea. Potencia y reconoce al sector, lo dota de nuevas herramientas, pero el plan (que por otra parte carece de objetivos concretos en términos de crecimiento e impacto y se queda en grandes declaraciones de interés) no habla de un cambio sistémico en la concepción de una economía europea global que ponga a las personas por delante de los intereses financieros y económicos.