El tiempo ha demostrado que lo que iba a ser una medida temporal se ha convertido en una necesidad, ya que la esperada recuperación económica, prevista antes de septiembre, no se ha producido, y se necesita mantener medidas que permitan dar cierta garantía a los empleos y favorezcan la reactivación.
Al principio, daba la sensación de que los dos Acuerdos Sociales en Defensa del Empleo alcanzados entre los agentes sociales y el Gobierno de España en mayo y junio iban a contener la caída de los puestos de trabajo; no obstante, de nuevo la realidad se ha impuesto con fuerza a finales de septiembre.
El último Acuerdo Social y el Real Decreto 20/2020, de 29 de septiembre han dado lugar, entre otras cosas, a la ampliación de los procedimientos de regulación de empleo (los llamados ERTEs) hasta el 31 de enero de 2021 y han consolidado las ayudas para los autónomos.
En septiembre, según los datos publicados por el Servicio Publico de Empleo, el número de parados en España ascendía a 3 776 485 personas y de ellas 345 825 son menores de 25 años.
Los problemas estructurales que hay en el mercado laboral se han manifestado de nuevo con toda su crudeza: es un paro que afecta más a las mujeres que a hombres; a las personas con menor cualificación; a los jóvenes menores de 25 años, especialmente a la franja entre 16 y 19 años; y, por último, a los contratados temporalmente.
A finales de septiembre la necesidad de ampliar la regulación temporal de empleo parecía evidente: no se había recuperado la economía y muchas empresas amenazaban con el cierre, lo que haría que una parte de los trabajadores en expedientes temporales pasaran automáticamente a engrosar la lista de parados; y ya había quejas de la falta de atención social porque no se estaban cobrando la renta mínima vital .
Aumento del nivel de pobreza
Con esta situación del mercado laboral, la falta de cobertura social que todavía persiste, y que se manifiesta en el aumento de nivel de pobreza en España, una reactivación económica que no termina de llegar y la necesidad de intentar mantener los niveles de empleo en la economía española, ¿se podía hacer otra cosa que no fuera ampliar el plazo de las medidas temporales de regulación de empleo?
Esta ampliación no era una elección, ha sido una necesidad económica para intentar garantizar una recuperación futura. Sin embargo, aunque la medida siga siendo válida, es fundamental que en su aplicación se tenga mucho cuidado porque puede acabar provocando un efecto no deseado en la economía.
Caída de los ingresos en la Seguridad Social
En primer lugar, estos ERTE implican una clara disminución de los ingresos de la Seguridad Social y un aumento de los gastos. Todos los fondos que se están dedicando a esto o que se dejan de ingresar claramente afectan a otros pagos que realiza la Seguridad Social o el Estado.
El esfuerzo merece la pena si es para que España se recupere, que consiga que el sector empresarial se mantenga –especialmente las pymes– y que las familias puedan vivir dignamente; no obstante, para que esto se cumpla es necesario garantizar que estos fondos se destinen adecuadamente y evitar que las personas que ahora están en expedientes temporales sean futuros parados, cuestión que ya se está planteando en algunos foros de ámbito económico.
De esta crisis solo se sale colaborando
Las autoridades no son la tabla de salvación para todos. De esta crisis solo se puede salir si todos colaboramos. Es imposible que una administración pública –da igual que sea Estado, Comunidad Autónoma o Corporación Local– pueda mantener gastos de apoyo a empresas, trabajadores y cobertura social a todos los que lo necesiten sin elevar ingresos o sin caer en déficits públicos que puedan hipotecar a las generaciones futuras.
Esto hace que el dinero que se deja de ingresar hoy o que se gaste ahora sea con unos fines muy concretos, controlado adecuadamente y para que sea realmente eficaz y productivo en un futuro, y eso solo lo pueden hacer los que ahora se benefician de las ayudas.
Las empresas no se pueden limitar a utilizar este mecanismo como solución a la crisis a la que se enfrentan. Esta crisis no ha sido inicialmente económica, ha sido sanitaria. Ha tenido un efecto mundial y ha creado un nuevo contexto económico al que hay que adaptarse.
De hecho, las empresas que se están adaptando utilizan menos este tipo de medidas que las que piensan que todo pasará. La innovación empresarial en producción, comercialización y gestión es fundamental y eso se debe de hacer contando con las personas que trabajan en la compañía.
A los trabajadores en procedimientos de regulación temporal de empleo hay que garantizarles la cobertura lo antes posible, lo que exige un refuerzo importante en la administración que se encarga de los correspondientes trámites.
No obstante, tienen que ser conscientes de que, de momento, están en una situación privilegiada frente a los millones de parados que hay en la economía española.
Una solución temporal
Dada la realidad existente, la situación temporal puede tener ajustes en el futuro y empresarios y trabajadores deben estar preparados para ello. No pueden pensar que la Administración o su empresa les va a solucionar eternamente la situación económica, porque no es posible. Los trabajadores, especialmente los más jóvenes, deben adaptarse también con rapidez a las nuevas condiciones económicas que se viven en España y considerar que es posible que se dé una mayor movilidad territorial y funcional.
En definitiva, la ampliación de los expedientes de regulación temporal de empleo ha sido una solución provocada por la falta de recuperación económica. Sin embargo, tendrán poca efectividad para poder mantener realmente ese empleo si las empresas y los trabajadores no se plantean seriamente la necesidad de adaptarse al nuevo entorno económico existente, y si no se aplica un adecuado control de los recursos asociados a los mismos, porque esas partidas condicionarán la disponibilidad de fondos para otros gastos públicos o para obtener más ingresos de las arcas del Estado. Y esa tensión podría aumentar con el tiempo.