En el mes de mayo, las calles de las ciudades argentinas se tiñeron de pañuelos blancos, el símbolo de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, quienes aún siguen buscando a sus hijos, hijas, nietos y nietas. En Buenos Aires la Plaza de Mayo, centro político de la Argentina, acogió a una de las marchas más numerosas de los últimos años, con hasta 200,000 manifestantes.
Organismos de derechos humanos, agrupaciones sociales y políticas, ciudadanos sin banderas ni representación política colmaron la plaza el 10 de mayo en respuesta a una decisión de la Corte Suprema que reinstalaba la política de impunidad que avaló seis golpes de Estado conducidos por las fuerzas armadas durante el siglo XX (1930, 1943, 1955, 1962, 1966 y 1976).
El 3 de mayo, por mayoría, la Corte benefició al torturador Luis Muiña con el llamado “dos por uno”, una ley ya derogada que rigió de 1994 al 2001 para resolver la situación de presos comunes muchas veces encarcelados con largas prisiones preventivas sin sentencia.
Muiña fue sentenciado en 2011 a 13 años en la cárcel por secuestros y tortura por el operativo que se realizó en 1976 en el Hospital Posadas hecho ocurrido durante la dictadura 1976-1983, sentencia de la cual ha servido tan solo 6 años, y que según el cómputo del dos por uno le permitía quedar en libertad en noviembre de este año.
Ampliando el beneficio del dos por uno a los delitos de lesa humanidad, decisión dictada por tres de los cinco jueces de la Corte, se abrió la posibilidad de que genocidas, ladrones de bebés y torturadores que actuaron durante la última dictadura militar (1976-1983) quedaran en libertad por reducción de condena conmutando las penas, ya que un año se cuenta como dos años.
Nunca mas
El golpe militar de 1976, por el cual la presidenta María Estela Martínez de Perón fue derrocada por una junta militar, fue el más sangriento, demoledor e ilícito de la historia. En siete años y medio hubo 30,000 desaparecidos y más de 300 cadáveres acribillados, 22 asesinatos de personas de actuación pública.
El presidente Raúl Alfonsín (1983-1989) comprendió cabalmente ese nefasto legado, cuando señaló en la campaña electoral victoriosa de 1983 que había que recuperar la juridicidad. Intentó regenerar la confianza de la sociedad en las instituciones, a través de los juicios a los militares de la dictadura.
Los distintos gobiernos democráticos que le siguieron a Alfonsín a veces retrocedían. El presidente Carlos Menem otorgaba indultos en los ‘90 y las leyes de Obediencia Debida (1989) y Punto Final (1990) anularon sentencias y liberaron comandantes (las leyes fueron anuladas en 2003 por el Congreso).
Pero los ciudadanos aprendieron desde 1983 a defender los logros alcanzados respecto a los violadores a los derechos humanos. La mayoría de los argentinos entendieron el significado que la condena a las violaciones de derechos humanos tenía: los juicios importan tanto para poder reconstruir una república democrática como para reencauzar la sociabilidad democrática.
A partir de 2004 gran cantidad de jueces comenzaron a declarar la inconstitucionalidad de los indultos de delitos de lesa humanidad, reabriéndose así las causas contra los indultados por esos crímenes. El 6 de septiembre de 2006, la Corte de Casación, máximo tribunal argentino en materia penal declaró por primera vez la inconstitucionalidad de un indulto.
En 1985 el Juicio a las Juntas, oral y público, televisado diariamente e impreso en el Diario del Juicio, más el informe nacional estatal, “Nunca Mas”, contaron la verdad del terrorismo de estado con los nombres y los alias de los torturadores, la localización de los campos de concentración y las aberrantes formas de la tortura.
Los militares detenidos nunca se retractaron por sus infames actos y las acciones del terrorismo de estado seguían surgiendo a través de los años: los vuelos de la muerte, el robo de los bebes, la apropiación de bienes de los desaparecidos, las campañas sucias para mejorar la imagen de la dictadura militar.
Mientras tanto, Argentina también desarrolló los estudios forenses y los bancos de ADN que han tenido una actuación destacada identificando cadáveres en varios países de la región (el Equipo Argentino de Antropologia Forense de Argentina asistió en la investigación de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, Mexico, en 2014, por ejemplo).
No a la impunidad
Más allá de las muchas crisis económicas y políticas que han azotado al país desde la restauración de la democracia en 1983, el tema de las violaciones a los derechos humanos y la necesidad de no olvidar ni perdonar se mantuvieron estables frente a todos los vaivenes.
Esa defensa irrestricta de la condena a los genocidas es el ADN de la reconstrucción republicana y la barrera última de la sociedad a pesar de tantos errores cometidos por los gobiernos democráticos.
La sociedad en su conjunto celebra cada uno de los 122 nietos recuperados por las Abuelas de Plaza de Mayo. Tambien como nacion los argentinos se indignan profundamente cuando torturadores como Miguel Etchecolaz hacen declaraciones. Etchecolaz, ex director de investigaciones de la policía bonaerense afirmó que realizó asesinatos entre 1976 y 1983, pero que no recordaba a cuántas personas había matado (y se justificó) diciendo que “el estado se presentó como única fuente del derecho al uso de la fuerza y que en todas las guerras de la historia ocurrieron excesos”).
En un país en dónde las reglas son violadas sistemáticamente, sobrevive una norma irrenunciable: la condena a los genocidas y el rechazo a la impunidad.
Con esta historia, fue una certeza previsible que el beneficio del dos por uno a un agente de la guerra sucia haya sido ampliamente repudiado por la sociedad. Como recordó en el acto Taty Almeida, dirigente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora: “Nunca más el silencio. No queremos convivir con los asesinos más sangrientos de la historia argentina”.
A esta altura, el pueblo ya tiene el apoyo de la clase política. Frente a lo decidido por la Corte, el Congreso actuó rápidamente y oficialistas y opositores sancionaron una ley que limitó ese beneficio en caso de crímenes de guerra y de lesa humanidad.
El proyecto fue aprobado antes del comienzo de la movilización lo que permitió que Estela Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, pudiera hablar de esperanza y repitiera el lema que ha acompañado sus luchas de 40 años: “Señores jueces, nunca más un genocida suelto”.
La Corte Suprema falló a favor de la impunidad de los genocidas. Se equivocó. La sociedad argentina ha expresado rotundamente que no acepta la reconciliación. No la admite, aunque sea propuesta por la Iglesia Católica. El doloroso aprendizaje de la sociedad argentina es que sin justicia no hay República.
El “Nunca Más” y el “No a la Impunidad” es rechazar para siempre que el Estado te desaparezca, te viole, te mate.