El Mediterráneo es una de las regiones del mundo más vulnerables al clima. Sus temperaturas aumentan un 20 % más rápido que la media mundial. Esto significa que en 2100 la temperatura de las islas Baleares podría haber aumentado entre 3 y 5 °C y el nivel del mar podría haber subido entre 37 y 90 cm.
El acceso limitado de las islas a los recursos y su gran dependencia de industrias que generan muchas emisiones, como el transporte y la energía, están profundamente interrelacionados con el turismo excesivo. Esto dificulta especialmente cualquier tipo de avance hacia una transición ecológica.
En conjunto, las condiciones provocadas por el calentamiento global amenazan con poner en peligro la calidad de vida en las Baleares y tienen un profundo impacto medioambiental en la región. La transición hacia formas de vida más sostenibles presenta sus propios retos.
El 13 de abril de 2023, el Parlamento regional de las Islas Baleares aprobó una ley pionera sobre el bienestar de las generaciones presentes y futuras. Su adopción fue el resultado de la primera iniciativa ciudadana aprobada por el Parlamento balear.
La ley exige la creación de una comisión para salvaguardar el bienestar de las generaciones presentes y futuras, especialmente frente al cambio climático. La ley puede servir de inspiración y aportar lecciones importantes para iniciativas similares en otras regiones vulnerables al clima. En la Universidad de Utrecht se ha celebrado un seminario para estudiarla desde una perspectiva jurídica y ética en relación al clima.
Esta ley es única en España, aunque no en Europa: sigue el precedente establecido por la ley de Gales de 2015, que se centra de forma similar en los objetivos de bienestar y en la creación de una comisión que supervisa una perspectiva a largo plazo en la elaboración de políticas. Las generaciones futuras también están representadas en Finlandia y Hungría, entre otros.
Sin embargo, la ley debe superar algunos retos fundacionales para que tenga éxito.
Reconocer el bienestar futuro y presente
Uno de los retos iniciales a los que se enfrenta la Comisión propuesta en las Islas Baleares es el de equilibrar los intereses de las generaciones futuras y presentes. Es probable que proteger el bienestar de las generaciones futuras implique imponer ciertas restricciones a las actuales. Tales restricciones deben tener en cuenta que salvaguardar el bienestar de las generaciones presentes es una parte igualmente importante de la tarea de la comisión.
Esto está en consonancia con lo que se conoce como transición justa –la idea de que un cambio social hacia la neutralidad climática sólo puede considerarse un éxito si también es una transición hacia una sociedad más justa, en la que nadie se quede atrás–.
Por ejemplo, podemos considerar el impacto medioambiental del turismo en las islas: limitar el número de turistas supondría pérdidas económicas a corto plazo para la población y las empresas locales, pero tales limitaciones preservarían los ecosistemas de las islas para las generaciones futuras. En este caso, una transición justa podría significar que se ofreciera una compensación o una reasignación a las personas cuyas vidas se vieran afectadas negativamente por la limitación de la afluencia de turistas.
¿Qué significa proteger el bienestar?
La ley define algunos objetivos generales que deben cumplirse, pero para que la Comisión los alcance debe considerar explícitamente qué tipo de bienestar está en juego.
Muchas personas equiparan el bienestar con un sentimiento de felicidad y satisfacción, o con la sensación de que nos va bien y conseguimos lo que queremos. La Comisión podría optar por centrarse en garantizar que las personas en el futuro sigan teniendo acceso a los mismos recursos –materiales de construcción, recursos naturales, etc.– que tenemos en la actualidad.
Sin embargo, nuestra sociedad actual está impulsada por el consumo, y tales definiciones se basan en el supuesto de que el bienestar sólo puede alcanzarse preservando el modo de vida actual, lo que significa que sólo podemos ser felices en un mundo insostenible. Por tanto, la Comisión debe determinar qué significa poder llevar una vida que sea a la vez sostenible y satisfactoria, y qué obstáculos sociales y políticos existen para tales estilos de vida.
Esto puede incluir promover los alimentos cultivados localmente, subvencionar el transporte público, garantizar el acceso a fuentes de energía sostenibles y cuestionar las pautas de consumo existentes arraigadas en las normas sociales.
Las generaciones futuras son difíciles de representar
La ley también establece que la comisión debe estar formada por una serie de expertos en los aspectos sociales y medioambientales del cambio climático, incluidos representantes del mundo académico, organizaciones sociales y agencias medioambientales.
Aunque esta composición interdisciplinar es bienvenida, también es limitada. La comisión haría bien en dar una voz prominente a los representantes de las comunidades social y climáticamente más vulnerables de las islas.
Esto no sólo reforzaría la base democrática de la ley, sino que también garantizaría que se incluyeran las experiencias de primera mano de quienes se enfrentan a la amenaza del cambio climático en su vida cotidiana. Esto daría lugar a políticas y planes climáticos más justos, receptivos y sostenibles.
Una iniciativa prometedora pero controvertida
La Ley de bienestar para las generaciones presentes y futuras de las Illes Balears es una iniciativa ciudadana muy prometedora.
No sólo tiene el potencial de garantizar que las islas sean habitables en el futuro, sino también de mejorar la situación de vida de muchas de las poblaciones socioeconómicamente más vulnerables del archipiélago. Al abordar los retos clave, sus defensores pueden aprovechar esta oportunidad para reforzar la ley e informar a la comisión propuesta sobre cómo representar los mejores intereses de aquellos a los que debe proteger.
Defender la ley es aún más importante tras las recientes elecciones autonómicas de mayo de 2023, ya que los dos partidos políticos que ahora gobiernan las Islas Baleares o bien se abstuvieron de votar a favor de la ley –como hizo el Partido Popular–, o bien votaron en contra –como hizo Vox–. Trágicamente, la aplicación de una ley destinada a proteger los intereses a largo plazo y el bienestar de las generaciones futuras se ve amenazada de inmediato por intereses políticos miopes.