Menu Close
Migrantes en la isla de Lesbos, Grecia, el 4 de marzo de 2020. Alexandros Michailidis

Pandemia, refugiados y derechos humanos

La pandemia global que afecta a nuestro planeta está incidiendo en los pilares de nuestra sociedad, ya hablemos de elementos económicos, políticos, de convivencia social, o sobre los derechos humanos. Muchas de las acciones que se toman tanto en las políticas internas como en el ámbito internacional buscan mitigar el contagio del virus. Como cualquier tipo de medidas, tienen consecuencias en las relaciones sociales y el mercado laboral, pero también en la movilidad humana y los flujos transfronterizos.

Como en toda situación de incertidumbre o de crisis, los colectivos vulnerables, y en especial aquellas personas que están en movimiento, enfrentan este escenario con gran incertidumbre y precariedad.

¿Cómo se está viviendo y cómo se presume que esta pandemia afecte a la realidad de los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas?

Pandemia, internamiento y deportaciones

En la actualidad existen centros de detención en todo el mundo. En el caso de España se han vaciado todos los CIE debido a que durante el estado de alarma no existe posibilidad de ejecutar expulsiones por el cierre de fronteras exteriores de más de 120 países.

Esta situación, lamentablemente, no se ha extendido por igual a todos los países. Las condiciones de hacinamiento que se viven dentro de estos centros ponen en riesgo a las personas internadas. De igual manera, la convivencia y las posibilidades de contagio pueden ser otro elemento a sumar en el caso que se planteen alargar los internamientos.

La práctica de las deportaciones ha seguido siendo moneda habitual en algunos países, aun sabiendo los riesgos de contagio que asumen, no solo las personas deportadas, sino los países receptores. Sin embargo, los mecanismos de detención dejan abierto un debate en el que se debe de poner a la persona en el centro.

Sanidad y aislamiento

Las condiciones de confinamiento no afectan en la misma medida a toda la población. Muchas personas migrantes y refugiadas viven este tiempo recluidas y aisladas en sus casas o en centros de acogida, sin redes de apoyo con las que poder comunicarse.

El cierre de fronteras presenta una situación de vulnerabilidad para aquellas personas que han quedado atrapadas en aeropuertos o pasos fronterizos, familias divididas, atrapadas en lugares de tránsito, sin apenas medios para sobrevivir, en ocasiones sin conocer el idioma o la legislación local.

La falta de recursos para acceder a internet también ha provocado que el aislamiento haya llegado a muchos hogares sin suficientes medios económicos y conocimientos técnicos, incluso para atender las tareas escolares de sus hijos e hijas.

Pandemia, crisis económica y mujeres

La pandemia ha afectado seriamente a nuestro mercado laboral y de producción. Esta situación afecta de una manera especial a las personas migrantes, ya que tienen trabajos precarios que se han visto afectados por despidos, ERTEs o incluso autónomos que ven peligrar su futuro profesional.

El bloqueo económico que provoca el coronavirus afecta de una forma más acuciante a las personas más vulnerables, aquellas que ocupan los estratos más bajos de nuestro mercado laboral. Muchos miles de personas en el mundo salen a diario a las calles, pues de su trabajo depende la subsistencia básica de su familia.

Uno de los colectivos más vulnerables es el de las mujeres que cuidan de las personas mayores y de los pequeños.

El colectivo denuncia que no tiene opción de dejar sus trabajos y quedarse en sus casas, realizando una labor social de incalculable valor. La precariedad laboral que sufren dista mucho de unas condiciones dignas y adecuadas a la importante labor social que atesoran y que ha quedado especialmente patente durante la pandemia.

Sanidad versus movilidad

En no pocos debates se pone en tela de juicio hasta dónde los criterios sanitarios priman sobre las restricciones a la movilidad, o el mismo criterio económico. Quizá sea pronto para lanzar esta pregunta, aunque ya comienza a aparecer en el debate público: ¿Se pueden poner en una balanza las muertes provocadas por la enfermedad y las secuelas que la enfermedad deja en nuestro organismo con el coste emocional y económico que produce el confinamiento?

El manejo de la dialéctica política, la manera de abordar esta crisis a nivel social y, como consecuencia, el debate legislativo, nos sitúa a cada uno en un lugar determinado. Desempeñamos pues, todos, un papel determinado desde donde coexisten por un lado, algo que no controlamos, como el virus, y, por otro, el manejo de la crisis y su posterior solución (que en este caso, será más social que sanitaria).

La tarea política no es fácil y debe conjugar distintos elementos, pero cuando hablamos de derechos humanos, la dignidad, en este caso de las personas migrantes y refugiadas, el derecho a la vida y la protección en situación de vulnerabilidad deberían ocupar un lugar central.

Algunos colectivos, como las personas mayores y en riesgo, con las que se está cebando esta pandemia, deberían ocupar un puesto prioritario a la hora de tomar decisiones que comprometan el futuro de nuestras sociedades.

La tarea que nos queda por responder es cómo estamos trabajando para que tanto el Estado, garante de los derechos y principal agente, como las instituciones internacionales, la ciudadanía y el sector privado podamos hacernos cargo de estas situaciones sumando juntos.

Want to write?

Write an article and join a growing community of more than 117,200 academics and researchers from 3,789 institutions.

Register now