Los partidos políticos de gobierno en España, PSOE y PP, han mostrado en las últimas semanas su posición con respecto a la maternidad subrogada, fruto de la evolución de sus posiciones en temas morales en las últimas décadas.
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La legislación española considera ilegal esta práctica, pero hay un resquicio para poder inscribir a los bebés nacidos en el extranjero.
La Declaración de Casablanca, firmada a principios de marzo por expertos de 75 países, concluyó que el deseo de muchas personas de tener un hijo no puede ser a cualquier coste. La abolición universal de la gestación subrogada es necesaria porque, a pesar de que pocos países la aceptan legalmente, las agencias y clínicas que se dedican a este negocio actúan en un mercado global.
