El pacto de rentas acordado por la patronal y los sindicatos españoles busca aumentar la estabilidad económica y evitar una nueva vuelta de tuerca en las subidas de precios.
Mientras que los hombres dedican, en promedio, más tiempo que las mujeres al trabajo remunerado, la situación en el trabajo no remunerado es inversamente proporcional: ellos dedican, en promedio, menos tiempo a este tipo de actividades que las mujeres.
El empobrecimiento ciudadano a causa de la inflación ha provocado distintas reacciones tributarias en los gobiernos autonómicos de España y ha abierto un debate en torno a si, para capear el temporal, deben subirse o bajarse los impuestos.
La única manera de controlar la inflación es alcanzar un pacto de rentas voluntario por el que todos los agentes económicos estén dispuestos a perder algo: los trabajadores algo de salarios y las empresas algo de beneficios. A cambio, los precios se moderan.
El crecimiento de la inflación ha hecho que EE. UU. haya subido los tipos de interés por primera vez en 22 años y que Europa se prepare para hacerlo. Pero las causas de la subida de precios son distintas y también lo pueden ser las consecuencias del aumento en los tipos.
En España ya es obligatorio que las empresas de más de 50 trabajadores tengan planes de igualdad por razón de sexo. La realidad está demostrando las dificultades para implantarlos.
La reforma laboral establece como norma el contrato indefinido, introduce novedades en los convenios colectivos (prevalencia del sectorial en materia salarial y se recupera la ultraactividad indefinida). Y se consolidan los ERTE.
Desde 2019 el salario mínimo interprofesional español ha ido aumentando. La meta es que en 2023 equivalga al 60 % del salario medio neto (descontando cotizaciones sociales e impuestos) con el que se remunera a un trabajador a tiempo completo.
Si bien la reforma laboral que acaba de aprobarse dignifica los derechos de los trabajadores, sigue manteniendo la precarización en otros. Habrá que seguir trabajando y reivindicando derechos en pos de nuevas reformas de la legislación laboral española.
La normativa aprobada el 3 de febrero de 2022 fortalece los derechos laborales ligados a la antigüedad en la empresa a efectos de salarios e indemnizaciones.
Los Gobiernos deben incentivar una innovación menos centrada en la automatización y más en tecnologías compatibles con las personas para generar mejores empleos y, así, una prosperidad económica más compartida.
La reforma laboral en la que trabaja el Gobierno tiene un carácter singular pues no es una reforma de la reforma previa sino que pretende su derogación.
Con el acuerdo para aumentar las cotizaciones los trabajadores cobrarán menos, los empresarios pagarán más y Hacienda obtendrá menos ingresos por IRPF. Sin embargo, esta medida es un claro triunfo del interés colectivo.
La subida del SMI afecta sobre todo a las microempresas, que suelen tener pocos trabajadores pero también menos ingresos, lo que les dificulta asumir el incremento de los salarios y las cotizaciones.
Es urgente establecer unos criterios mínimos de calidad en el empleo juvenil, que rompan con la temporalidad, la parcialidad y los bajos salarios. El reto es que los jóvenes alcancen una carrera sostenible y un proyecto de vida digno.
La propuesta de reducir la semana laboral a 32 o 35 horas entra en conflicto con la legislación vigente en aquellos casos en los que empresa y trabajadores no sean capaces de llegar a un acuerdo.
Profesor asociado de la Facultad de Ciencias Economicas y Empresariales de la Universidad Pontificia Comillas / Director del Master in Talent Management de Advantere School of management, Universidad Pontificia Comillas