“Durante nuestro mandato, el BCE está preparado para hacer todo lo que haga falta para preservar el euro y, créanme, será suficiente”.
Mario Draghi, Presidente del BCE, 26 de julio de 2012
Al inicio de la segunda mitad del siglo pasado, ya comenzaban a observarse los efectos positivos de la puesta en marcha del European Recovery Program (Plan Marshall) y de la creación de la Organización Europea para la Recuperación Económica (OECE, hoy OCDE).
Entonces, Europa estaba a punto de iniciar el camino de su integración política y económica. 70 años después, y en medio de la crisis global generada por la COVID-19, es importante comprender la evolución del complejo proceso de negociación política hasta llegar a la institución que es hoy la Unión Europea.
Conocer la experiencia histórica europea en la gestión de planes de contingencia resulta muy interesante en medio de la grave coyuntura a la que nos enfrentamos hoy.
1951: el carbón y el acero, la primera piedra en la construcción europea
El 18 de abril de 1951 se creó la Comunidad Europea del Carbón y el Acero (CECA), integrada por Francia, la República Federal de Alemania, Italia y el Benelux.
Con este acuerdo, se comprometían a la formación de un espacio común para la producción y libre circulación de productos estratégicos como el hierro, el carbón y el acero, que tantos problemas habían dado desde la Primera Guerra Mundial.
La trascendencia de este pacto está en que, con él, se abordaban por vez primera cuestiones esenciales de carácter económico desde una perspectiva supranacional y cooperativa.
Los países implicados renunciaban a parte de su soberanía productiva, dejando cuotas de producción, precios, políticas arancelarias y condiciones laborales en manos de instituciones comunes.
1957: el Tratado de Roma
Aquella experiencia positiva sirvió como antesala para la firma del Tratado de Roma el 25 de marzo de 1957. En plena Guerra Fría, se creaba la Comunidad Europea de la Energía Atómica (EURATOM), orientada al uso pacífico de la energía atómica, y la Comunidad Económica Europea (CEE), que abría la puerta al federalismo comercial.
Se planteaba un periodo de 12 años para la adopción de normas comunes en materia comercial y unas instituciones que hicieran posible alcanzar objetivos más ambiciosos, como una unión aduanera en el corto plazo y, a más largo plazo, la coordinación sin subordinación de las políticas económicas nacionales de los países miembros.
El proyecto de creación de un área de libre comercio recuperaba parámetros esenciales de la economía liberal del siglo XIX, como la armonización aduanera exterior y la supresión de aranceles internos.
Pero el proyecto parecía ir más allá, pues dentro de un área de libre comercio se podía permitir el tráfico de los bienes y servicios expresamente autorizados, mientras que, en un mercado común, quedaba garantizada la libre circulación de personas, mercancías, servicios y capitales, salvo lo expresamente prohibido.
1962: el campo entra en la esfera europea
La Política Agrícola Común (PAC), se crea en 1962 con el objetivo de garantizar un suministro estable y suficiente de alimentos, con precios asequibles para los ciudadanos europeos.
Para conseguirlo, se instaura un sistema de precios garantizados a los agricultores. La creación de la PAC redundó en la mejora de la calidad de vida de los trabajadores del sector y el aumento de la productividad agrícola.
La PAC blindaba, con aranceles y cupos, las producciones europeas frente a terceros países, aspecto decisivo en las relaciones norte-sur.
Posteriormente, a los objetivos iniciales se incorporaron la lucha contra el cambio climático, la gestión sostenible de los recursos naturales y la conservación de paisajes y zonas rurales, manteniendo viva la economía rural.
Nunca te prometí un jardín de rosas
La velocidad y éxito en el proceso de integración europea también generó tensiones, motivadas por la disminución de las competencias nacionales en aras de la supranacionalidad.
En 1965, y durante seis meses, Francia abandonó su puesto en el Consejo para manifestar su oposición a esta cesión de poder, generando lo que se llamó “la crisis de las sillas vacías”.
La crisis se solventó con la firma del Compromiso de Luxemburgo el 30 de enero de 1966, que certificaba de facto el derecho de veto de cualquier Estado en asuntos estratégicos, como la política fiscal. Este fue un acuerdo político, sin categoría jurídica, que se mantuvo hasta 1985.
Los 70: nuevos miembros, dos crisis y nuevas instituciones
La senda de la cooperación siguió abierta: en 1973 se incorporaron Reino Unido, Dinamarca e Irlanda. La llegada de los nuevos miembros coincidió con la primera crisis del petróleo y la caída del sistema financiero internacional, que provocaron una década de inestabilidad monetaria a escala global.
La respuesta comunitaria fue mucho más ágil tras la segunda crisis del petróleo en 1979, lo que podría guardar un cierto paralelismo con la gestión europea de la Gran Recesión de 2008 y el Gran Confinamiento de 2020.
En marzo de ese año se creó el Sistema Monetario Europeo (SME), cuya principal finalidad fue la de fijar una referencia para las monedas de los estados europeos que asegurase una relativa estabilidad monetaria.
En momentos de desregulación financiera, revolución tecnológica y cambios de paradigma económico, se superaba la unión aduanera y comercial, para iniciar la constitución de un bloque económico-monetario.
Los 90 fortalecen el proyecto europeo
Para que esta unión fuese posible, era necesario adoptar mecanismos financieros y políticas monetarias comunes, garantizando la libre movilidad de trabajadores, mercancías, servicios y capitales.
De nuevo hubo una respuesta en este sentido. La libre prestación de servicios fue aprobada entre 1986 y 1995 con la aplicación de acuerdos clave como el Tratado de Schengen, por el que los países miembros suprimían controles a la libre circulación de personas, trasladándolos a sus fronteras exteriores.
En noviembre de 1993, con doce países miembros (Grecia, Portugal y España ya se habían adherido en 1986), entraba en vigor el Tratado de Maastricht por el que nacía oficialmente la Unión Europea (UE).
Esta se definió como una unión económica y monetaria, con una propuesta más amplia e integradora, que debía culminar con el establecimiento de una moneda única.
Se establecieron condiciones específicas para ello, como el control del déficit y la inflación y, aunque la mayor parte de los Estados habían incumplido, en mayor o menor medida, los requisitos previos, el euro entró en vigor el 1 de enero de 2002.
Los retos del nuevo milenio
La necesaria armonización fiscal europea, indispensable para el funcionamiento de la unión monetaria, se ha manifestado imposible a causa del Compromiso de Luxemburgo.
La soberanía estatal y el derecho de veto en el Consejo han impedido la puesta en marcha de una política fiscal común, alentando la competencia fiscal entre estados (y territorios).
En 2004, el Tratado de Constitución Europea no fue ratificado y se perdió entonces otra oportunidad de avanzar hacia una mayor integración europea, no solo a nivel de derechos sociales, sino de armonización fiscal.
Antes, en 1999, el bombardeo de Sarajevo había puesto de manifiesto la debilidad de la política exterior común europea.
En 2007, en vísperas de la Gran Recesión, se aprobaba el Tratado de Lisboa, ratificando las competencias exclusivas de la Unión Europea en materia aduanera, política comercial, competencia y política monetaria frente a los Estados, pero sin resolver los problemas mencionados anteriormente.
2008, la Gran Recesión pone a prueba lo construido
A partir de 2008, la Unión Europea iniciaba una fase de retroceso en materia de integración, pues los países más afectados por la crisis financiera no sintieron la solidaridad de sus socios europeos. Más bien al contrario, como demostró el ejemplo griego.
La falta de unidad fiscal alentó a la especulación de los mercados financieros sobre la deuda, agravando aún más la crisis que amenazaba la supervivencia del euro.
La decidida intervención del Banco Central Europeo en julio de 2012 contuvo la hemorragia. La especulación se detuvo en seco, no así las políticas de austeridad que volvieron a frenar la recuperación económica.
Ese tipo de políticas se apoyaron también en el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), cuyos parámetros han saltado por los aires en la actual crisis.
2020, Gran Confinamiento y nueva crisis ¿se desmorona Europa?
Aspectos tales como la mutualización de la deuda o los mecanismos de reactivación económica centran hoy el debate. Las actuales instituciones europeas parecen comprender bien su papel clave en la gestión de la crisis, planteando programas sociales inéditos, como el abono de una prestación de desempleo a nivel europeo, o la posibilidad de establecer impuestos europeos como herramienta esencial en el camino hacia la armonización fiscal.
Ese impulso integrador e inclusivo podría reactivar el proyecto europeo en un momento crítico de su historia, donde la crisis de los refugiados y el auge de los nacionalismos (Brexit) parecieran formar parte de un pasado muy lejano.
La experiencia histórica europea, adquirida tras la Segunda Guerra Mundial, marca por tanto el camino a seguir. La Unión Europea ha respondido, con sus claros y oscuros, a las circunstancias particulares de cada momento. Se presenta en la actualidad una nueva ocasión que obliga a adoptar y adaptar unas decisiones que, sin duda ninguna, marcarán su futuro próximo.