Preguntamos a un experto en paraísos fiscales tras las nuevas filtraciones sobre el uso de paraísos fiscales por parte de los súper ricos para ocultar su riqueza.
Las medidas del Gobierno para contener la subida de la electricidad son, en su mayoría, de efecto inmediato pero no solucionan la dependencia energética del gas que tiene España.
Comparar la carga impositiva entre comunidades permite ver las diferencias que forman parte del sistema autonómico, creado y avalado por la Constitución, y que son fruto de las decisiones de los propios gobiernos autonómicos.
A pesar de la gravedad de los atentados del 11-S, sus consecuencias económicas no fueron tan intensas como las de la crisis de 2008-2009 o las de la pandemia.
La Constitución española reconoce el derecho a la protección de la salud y el derecho al trabajo. En tiempos de pandemia, ambos se encuentran enfrentados. ¿Qué hacer para compatibilizarlos?
La ley de cambio climático no incluye una cuestión fundamental para navegar la transición y para impulsar la descarbonización: la fiscalidad energética y ambiental.
En 2022 quedarán apenas 2 000 km de autopistas de peaje en España, el 11% de los 17 228 km de vías de gran capacidad. Aunque pasen a ser gratuitas para sus usuarios, el mantenimiento se costeará a través de los impuestos generales.
Desde hace pocos años se han creado impuestos específicos sobre las bebidas con azúcar añadido. Impuestos concebidos para no recaudar, que sería el mejor indicador de éxito.
Algún contribuyente puede pretender no declarar a Hacienda sus operaciones con criptomonedas amparándose en el anonimato de internet y la escasa regulación. Grave error: las sanciones pueden ser muy altas.
La Agencia Tributaria española va a usar el análisis de datos para detectar el fraude fiscal. Este artículo analiza los pilares tecnológicos sobre los que se apoya este ambicioso proyecto.
El pago de los impuestos es la plasmación del deber de solidaridad social de cada uno para la cobertura de las necesidades de la sociedad en su conjunto. Pero hay individuos y sociedades que evitan tributar mudándose a paraísos fiscales.
En los países con amplia descentralización fiscal, y España es uno de los más avanzados en este sentido, resulta muy aconsejable que los ciudadanos sepan a qué administración pagan sus impuestos.
La economía ha cambiado y el sistema fiscal debe adaptarse y aplicar una presión fiscal que no desincentive la actividad económica y a la vez asegure los ingresos necesarios para mantener el estado del bienestar.
Una multinacional tributa en el país donde tiene sucursales o tiendas, pero esta premisa no encaja en el mundo digital, donde se puede estar presente en un país sin tener ninguna presencia física.
Una tasa aplicada a ciertos alimentos, como la carne, permitiría fomentar la disminución de su consumo y compensar las emisiones y otros efectos ambientales negativos de su producción.
Los votantes estadounidenses se preguntan si Trump merece tener una segunda oportunidad para arreglar la economía y, en caso contrario, evalúan si la alternativa planteada por Joe Biden es mejor.
En pleno siglo XXI, hasta los gurús del neoliberalismo se oponen -a regañadientes- a que las grandes corporaciones puedan saltarse las reglas del juego, el ordenamiento jurídico y la regulación medioambiental.
Aunque con la desaparición del efectivo se reducirían el fraude fiscal, la venta de armas y el terrorismo, su eliminación chocaría de frente con el derecho a la privacidad y generaría nuevas desigualdades.
Al debatir los presupuestos del Estado, se deberá evaluar la eficiencia del gasto en protección social: al reducir las ayudas, bajaría el efecto positivo de los gastos en consumo de sus beneficiarios.
Profesor Titular de Universidad. Investigador del Instituto Universitario para el Análisis Económico y Social (IAES) y de la Cátedra de Responsabilidad Social Corporativa. Decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Empresariales y Turismo, Universidad de Alcalá