Roberto R. Aramayo, Instituto de Filosofía (IFS-CSIC) and Txetxu Ausín, Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CCHS - CSIC)
Los humanos necesitamos seguridad y certezas. Pero también hay que saber convivir con el miedo, asumiéndolo como parte de nuestra experiencia, y no caer en la tentación de querer controlarlo todo.
En situación de pandemia, el trabajo informal es un problema del individuo (en riesgo de contagio) y de la sociedad (la salud pública, el sistema sanitario y el sistema económico y social se resienten).
El Día Mundial contra el Trabajo Infantil tiene como objetivo luchar contra la utilización de menores de edad por personas adultas, para fines económicos, en actividades que afectan a su desarrollo personal y emocional y al disfrute de sus derechos.
Los colectivos más vulnerables encaran la emergencia sanitaria y la crisis económica en una situación de absoluta precariedad. Los poderes públicos deben velar por su protección.
Dejar el lugar de origen en la infancia o en la adolescencia tiene consecuencias profundas para toda la vida. Poner esta experiencia en palabras puede ser una tabla de salvación.
La Corte Suprema de los Países Bajos ha emitido una sentencia que obliga al estado a tomar medidas para proteger los derechos humanos cuando se trata de peligros ambientales.
El régimen argelino ejerce un control absoluto sobre las tecnologías de la información y su libre flujo, una violación directa al artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
El gran pensador alemán sostiene que para que las personas puedan encontrar un lugar seguro donde desarrollar su proyecto de vida existe la cobertura jurídica y política, pero sobre todo hay buenas razones morales.
En el mundo aún existen muchos países que mantienen vigente la pena de muerte: 56, frente a 142 abolicionistas. ¿Por qué sigue existiendo? ¿Cuáles son los motivos más frecuentes que llevan a los seres humanos a morir de esa manera? Analizamos en profundidad esta situación en el ámbito internacional.
Corresponde al Estado español cumplir con la obligación de adoptar o fortalecer las medidas necesarias para garantizar los derechos fundamentales de todos los individuos que se encuentren en su territorio.
La capital de España está entre las nueve ciudades europeas que adoptan un plan de acción para llevar a la práctica la obligación de respetar, garantizar y promover los derechos humanos.
La Universidad de Alcalá ha puesto en marcha el Instituto Mixto de Investigación en Educación y Desarrollo Daisaku Ikeda para implantar la pedagogía Soka, una forma de educar basada en el diálogo en torno a la paz, la felicidad, los derechos humanos y la cooperación.
Si nos planteáramos constituir un estado democrático y nos tomáramos en serio los derechos humanos, la pena capital no tendría cabida en la organización de nuestra convivencia.
El ciberespacio se presenta como una entidad apropiada para la singularidad tecnológica pero debe ser ordenado jurídicamente. Se requiere un nuevo contrato social para la revolución digital.
El Observatorio para el Análisis y Visibilidad de la Exclusión social de la Universidad Rey Juan Carlos acaba de terminar un estudio sobre las personas LGBTIQ+ sin hogar en la Comunidad de Madrid.
En 40 años, España ha pasado de penalizar la diversidad sexual a tener una de las legislaciones más avanzadas en la materia. Sin embargo, queda todavía mucho camino para alcanzar la igualdad.
Por qué salen de su país y cómo. Qué esperan encontrar en el nuestro y qué futuro les espera. La respuesta a estas cuatro preguntas nos acerca a la realidad de una de las infancias más desprotegidas.
Entró en vigor en 2015 y sigue generando debate. Gran parte de este debate se debe a su cuestionada compatibilidad con los principios de dignidad, humanidad y proporcionalidad de las penas.
Profesor de Investigación. Grupo "Filosofía Social y Política" (FISOPOL). Jefe del Departamento de Filosofía Teórica y Práctica, Instituto de Filosofía (IFS-CSIC)
Co-Director, Institute for Genocide and Mass Atrocity Prevention, and Professor of Public Administration, Binghamton University, State University of New York
Profesora contratada doctora en Derecho Internacional Público. Vicedecana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Universidad Loyola Andalucía
Dpto. Estructura Económica y Economía del Desarrollo. Coordinadora del Grupo de Estudio de las Transformaciones de la Economía Mundial (GETEM), Universidad Autónoma de Madrid