El domingo 15 de diciembre a las dos de la tarde se clausuró en Madrid la Cumbre sobre Cambio Climático, conocida como la COP 25. Se trata de un proceso de negociación a diversos niveles que ha reunido a los órganos principales y subsidiarios de tres instrumentos convencionales elaborados en el seno de Naciones Unidas:
La Convención Marco sobre el Cambio Climático de 1992. Confiere el marco internacional al conjunto del régimen del cambio climático.
El Protocolo de Kioto de 1997. El texto más ambicioso y que mayor frustración ha generado en cuanto a sus resultados.
-
El Acuerdo de París de 2015. Un tratado que introdujo en su momento altas dosis de flexibilidad conforme al mínimo común denominador que los Estados Partes estaban dispuestos a aceptar y que ya avisaba de la dificultad de las negociaciones futuras.
La cumbre venía marcada por la preocupación que suscita la brecha entre el efecto agregado de las emisiones anuales de gases de efecto invernadero de los Estados miembro para 2020 y los compromisos asumidos en París para mantener el aumento de la temperatura media global en los 2 °C por encima de los niveles preindustriales.
Expectativas y realidad
Inicialmente, se esperaba que la Cumbre sirviera para anunciar nuevos compromisos climáticos o contribuciones financieras importantes para empezar a implementar el Acuerdo de 2015. Una expectativa que se fue atenuando con el paso de los días.
El foco se desplazó entonces desde los temas más substantivos hacia los aspectos más técnicos en torno a los instrumentos recogidos en el Acuerdo de París. Especialmente aquellos relativos a los mecanismos del mercado de emisiones, los enfoques no vinculados con este mercado, la revisión del denominado Mecanismo Internacional de Varsovia para pérdidas y daños asociados con los impactos del cambio climático y los fondos de financiación.
Probablemente, es aún pronto para valorar los resultados globales de la COP25. Por una parte, se han adoptado una serie de decisiones sobre asuntos técnicos que, en principio, deben preparar el camino para aumentar la reducción de emisiones en 2020. Pero los grandes emisores también han evidenciado claramente su reticencia a indicar y, desde luego, a adoptar un compromiso firme con respecto a sus políticas climáticas futuras.
El texto finalmente adoptado por la COP 25 no hace referencia a la “actualización” o la “mejora” de las denominadas Contribuciones Nacionales Determinadas (las reducciones de emisiones y las acciones de adaptación que los Estados miembro se comprometen a llevar a cabo). Se ha limitado a “invitarlos” a “comunicar” en 2020 sus planes a medio y largo plazo.
Más allá de inventariar los progresos realizados hasta ahora, no se ha incrementado el alcance de los compromisos subscritos por los Estados miembro antes de 2020, ni concretar las acciones para el período posterior.
Tampoco se ha adoptado una decisión clara en torno a los instrumentos relativos a los enfoques cooperativos (comercio de emisiones de carbono y el Mecanismo de Desarrollo Sostenible) bajo el paraguas del Acuerdo de París.
El tema se ha pospuesto a la Cumbre que se celebrará en Glasgow el próximo año. Esta ya había sido una de las cuestiones más complejas en el desarrollo del Protocolo de Kioto. La articulación de un sistema de mercado de emisiones a nivel mundial exigió nueve largos años de negociaciones.
Siguen también pendientes los temas relativos a la financiación de las acciones de adaptación. En particular, de cómo se articulan las contribuciones de los países desarrollados al Fondo para el Medio Ambiente Mundial y al Fondo Verde para el Clima.
Asimismo, la COP 25 establece un nuevo mandato del Mecanismo Internacional de Varsovia, pero no aborda los aspectos de la gobernanza climática. Los grandes emisores siguen sin brindar el apoyo necesario a los países más vulnerables a las consecuencias del cambio climático, especialmente a los de la Alianza de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo y los Países Menos Adelantados.
Resultados aceptables, pero insuficientes
Finalmente, una serie de decisiones políticas bajo la denominación de Chile Madrid Time for Action toman nota de estos déficits en el resultado de la COP 25. Además, reconocen la exigencia de la sociedad civil de una mayor ambición en 2020, el papel que la ciencia tiene en la gestión del cambio climático, la necesidad de una transición energética justa y la importancia de los océanos como parte integral del sistema climático de la Tierra, entre otras cuestiones.
En definitiva, el resultado de la cumbre resulta aceptable para los Estados miembro. Sin embargo, es insuficiente para abordar las transformaciones que requiere el inevitable proceso de descarbonización del modelo económico mundial, insatisfactorio para hacer frente a los impactos del cambio climático en la seguridad humana y ecológica, además de injusto con la población de los países más vulnerables a las consecuencias cambio climático y a los riesgos geopolíticos que conlleva.
La emergencia climática, que hoy abre los titulares de todos los medios de comunicación, ya era tal en 1992. El problema es que se acomoda mal al ritmo de unas negociaciones internacionales que no progresan a la velocidad que requiere la apremiante situación en la que se encuentra el planeta. Sobre ello ha venido advirtiendo el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático en sus informes desde 1990.