El periódico The New York Times aireaba el pasado 29 de enero un informe de la inteligencia israelí con acusaciones contra 12 empleados de la Agencia de las Naciones Unidas para el Socorro y la Reconstrucción en Oriente Próximo (UNRWA) por su presunta participación en el ataque de Hamás del 7 de octubre en Israel.
Esa fecha era inmediatamente posterior a las medidas cautelares contra Israel, como consecuencia de la demanda interpuesta por Sudáfrica por violación de la Convención Internacional de Genocidio. Pese a las alegaciones israelíes, la Corte afirmó su jurisdicción sobre el caso y el peligro cierto de genocidio.
Las medidas ordenadas son de obligado cumplimiento y entre las mismas está facilitar la “llegada urgente” de ayuda alimentaria (medida 4, Decisión de la Corte Internacional de Justicia 26-01-2024). Medidas que Israel está obligada a cumplir y sobre las cuales debe informar al tribunal en un mes, sin perjuicio del examen sobre el fondo de la cuestión.
Las presuntas pruebas israelíes se remontan al mes de octubre de 2023, en concreto al día 7 de octubre en el que se realizó el asalto armado de Hamás. Según The New York Times, “los agentes de inteligencia israelíes habían establecido los movimientos de seis de los hombres dentro de Israel el 7 de octubre basándose en la localización de sus celulares; otros habían sido vigilados mientras hacían llamadas telefónicas dentro de Gaza durante las cuales, según los israelíes, hablaban de su participación en el atentado contra Hamás. Otros tres recibieron mensajes de texto en los que se les ordenaba presentarse en los puntos de reunión el 7 de octubre”.
El sistema telefónico palestino depende de la infraestructura israelí y puede ser interceptado por la inteligencia israelí. No se sabe cuándo fueron recogidas, pero fuentes israelíes afirman que fue hace bastante tiempo, entre otras razones porque los servicios israelíes llevan semanas rastreando las comunicaciones.
Los indicios israelíes se basan fundamentalmente en el seguimiento de varios teléfonos móviles, así como en el intercambio de mensajes. No se ha hecho pública evidencia material de estas acusaciones y tampoco hay una autoridad independiente que lo verifique. La UNRWA ha ordenado su propia investigación, pero Israel no compartirá la información que obra en su poder. Sin embargo, varios gobiernos, entre ellos los principales donantes –EE. UU. es el primero, Alemania es el segundo–, han cancelado ya la financiación a la UNRWA y sin esperar a que estas acusaciones se confirmen.
¿Caben represalias en el derecho internacional público?
De confirmarse, podría tratarse de un crimen de guerra agravado por la vulneración del principio de neutralidad del personal humanitario. Sus casos deben ser investigados, pero hundir toda la organización es desproporcionado. Además ¿pueden ordenarse represalias por un crimen internacional? No, el derecho internacional humanitario prohíbe tajantemente las represalias contra población civil, tanto por los Convenios de Ginebra como por la práctica consuetudinaria de los Estados (Norma 146, CICR 2024).
Por tanto, no caben castigos colectivos por Israel, ni mucho menos por los Estados que lo apoyan. Es más, forzar la parálisis de la UNRWA, que sin fondos dejaría de operar en febrero, según el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, llevaría a incumplir las medidas cautelares ordenadas por la Corte Internacional de Justicia.
Por qué la UNRWA es fundamental
La Agencia de Naciones Unidas para el Socorro y la Reconstrucción en Oriente Próximo fue creada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1949 como órgano provisional para hacer frente a los 700 000 refugiados palestinos de la guerra de 1948. Su mandato ha sido renovado y ampliado para proteger también a los refugiados de 1967.
En la actualidad, asiste a casi seis millones de refugiados palestinos en cinco territorios distintos. La inmensa mayoría de la población en Gaza depende de la UNRWA tanto para la alimentación como para cuidados médicos y como lugar de refugio, ya que miles de familias se cobijan en sus hospitales y escuelas.
En las condiciones actuales de guerra y asedio, la UNRWA, con 13 000 empleados, es la columna vertebral de la población palestina en Gaza. Sin embargo, 152 de sus trabajadores han muerto desde el inicio del conflicto y sus instalaciones han sufrido 263 ataques y bombardeos.
Objetivo de Israel
Hace años que la UNRWA está en el punto de mira de Israel. Las autoridades israelíes consideran la UNRWA un obstáculo para la paz y la han vinculado repetidas veces con el terrorismo. Tampoco es la primera vez que EE. UU suspende la financiación, ya en 2018 el presidente de Estados Unidos Donald Trump detuvo los pagos. Las autoridades de Israel han expresado que UNRWA debe desaparecer de Gaza al acabar este conflicto.
El objetivo inmediato es impedir que se cumplan las medidas cautelares de la CIJ, especialmente las referidas a la ayuda humanitaria, haciendo inviable su ejecución.
El objetivo a medio plazo sería eliminar una estructura que no solo tiene carácter humanitario, sino que representa el derecho inalienable de los palestinos al retorno. Una estructura que durante 75 años ha formado a cientos de miles de palestinos, permitiéndoles mantener su identidad y reclamar sus derechos. Su desaparición terminaría con una reivindicación incómoda que Israel no admite en ninguna negociación internacional hasta ahora: el derecho de los refugiados a regresar o ser indemnizados.