El autor insta a la ciudadanía a no bajar la guardia para que las medidas decretadas por el Gobierno para un periodo limitado al fin de la emergencia sanitaria no se traduzcan en una merma de derechos básicos y sociales.
Acaso a la falta de cultura política se una el intento de colar por la puerta de atrás una versión partidista o deficitaria de la democracia. No existe un único modelo, y los procesos y contextos en los que se proyecta la democracia son diversos, si bien las Constituciones occidentales poseen principios comunes.
El desenlace en lo que va de siglo es desalentador. Ahora no existe una lucha por formar parte de esto; incluso uno de los motores, Reino Unido, lleva años queriendo dejar el proyecto, pero se presenta a las elecciones europeas.
Una juez obligó el pasado abril a una mujer que quería parir en su casa a ingresar en el hospital autonómico de Asturias. A partir de este caso, que ha generado controversia social, el autor analiza las implicaciones jurídicas de la pretensión de algunas mujeres de dar a luz en su domicilio.
Los jóvenes no pueden emanciparse y algunas familias sufren desahucios, pero esa es la cara televisiva del problema. El derecho a la vivienda sigue sin tratarse como un derecho fundamental en España.
De los siete ponentes a los que se encargó la redacción de la Constitución, ninguno era mujer. Esto no sería un problema en sí mismo si los órganos de poder actuales fueran reflejo de la población española tan rica y diversa.
Los ciudadanos cumplimos con las leyes pero la otra parte no ha cumplido bien sus obligaciones. Nuestro catálogo de derechos y nuestro sistema de garantías están obsoletos y no responden a la demanda social.
A pesar de su juventud, la Carta Magna tiene problemas de salud. La reforma del sistema autonómico es una prioridad y es el mayor riesgo, a corto plazo, para la pervivencia del sistema democrático.
La de 1978 es la segunda constitución más longeva de la historia de España, sólo superada por la de 1876. No sólo merece un reconocimiento por haber propiciado un tiempo de solidez institucional en paz. Su contenido es valioso y digno de defensa.
Durante mucho tiempo, los derechos fundamentales no han tenido en cuenta al 50% de la población. Poco a poco se van dando cambios, pero aún queda trabajo por hacer.
No hay en el CEDH ni en la Constitución española un derecho a sentirse ofendido en las propias convicciones, sean políticas, filosóficas o religiosas. Uno y otro texto jurídico adoptan como premisas el pluralismo y la libertad.