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Interseccionalidad: el camino para que la administración asuma la discriminación racial y de género

El termino “interseccionalidad” fue propuesto en 1989 por la jurista afroamericana Kimberlé Crenshaw. Indica que las discriminaciones raciales y de género se cruzan y generan dimensiones de desventaja específicas.

Por ejemplo, la discriminación que sufren las mujeres afroamericanas es distinta de la discriminación hacia las mujeres blancas. Igualmente, es distinta de la que sufren los hombres afroamericanos

Todos estos factores cruzados definen la interseccionalidad. MariaCaterina La Barbera y DESiGNiA web ©, Author provided

La interseccionalidad cuestiona la tendencia a abordar las discriminaciones múltiples como si fueran compuestas por factores separables. Igualmente, etnia, religión, origen nacional, clase social, nivel educativo, discapacidad y orientación sexual diversifican la experiencia de la discriminación. No es posible aislar un solo factor explicativo.

Es la interacción de estas múltiples dimensiones de desventaja la que define la experiencia concreta de la discriminación. Por ejemplo, las mujeres migrantes en España se encuentran en una situación que les afecta de una manera única y desproporcionada en comparación con las mujeres españolas y los hombres migrantes. Su género y origen nacional define su posición de manera simultánea e inseparable.

Para dar respuestas eficaces desde las instituciones públicas es imprescindible tener en cuenta esas consideraciones.

Del derecho internacional a las políticas públicas locales

Las Naciones Unidas reconocen que la discriminación interseccional tiene un impacto especialmente negativo para las mujeres. Por ejemplo, destaca que la discriminación basada en el género, el color y la identidad aborigen aumenta el riesgo de violencia de género y agrava sus efectos. Por lo tanto, requiere un abordaje específico. Sin embargo, este enfoque está aún poco empleado en la legislación y las políticas públicas a escala nacional.

Por otro lado, las administraciones locales tienen una conciencia cada vez mayor de su papel crucial en la garantía de los derechos y la eliminación de la discriminación.

Se pueden encontrar iniciativas recientes en los ayuntamientos de Barcelona, Terrassa, Madrid y la Diputación de Bizkaia. En efecto, las administraciones locales son responsables de garantizar el derecho a la salud, la educación, la vivienda, la integridad física. En estos ámbitos los efectos de la discriminación interseccional son evidentes.

Una experiencia pionera

Existen aún pocos estudios sobre estas iniciativas locales recientes. Uno de ellos es el proyecto de investigación Hacia la implementación del enfoque de derechos humanos, género e interseccionalidad en las políticas municipales madrileñas, llevado a cabo por un equipo de investigación de la Fundación Antonio de Nebrija. Este proyecto ha investigado los retos y las oportunidades para incorporar la interseccionalidad en la actuación municipal madrileña.

Con el Plan Estratégico de Derechos Humanos 2017-2019, el Ayuntamiento de Madrid incorporó la interseccionalidad como eje transversal de la planificación municipal. Se trata de una experiencia pionera. Siendo una novedad, existen múltiples desafíos. Pero, a la vez, se pueden identificar oportunidades para su desarrollo.

Retos pendientes

Los resultados del proyecto han sido recientemente publicados por la editorial Aranzadi. El estudio revela que el conocimiento sobre el enfoque de la interseccionalidad entre el personal del ayuntamiento es muy desigual. Este varía principalmente en función de las áreas de gobierno y de las funciones desempeñadas.

En términos generales, la interseccionalidad sigue siendo una gran desconocida. Para incorporar la interseccionalidad en la actuación municipal es necesario formar a todo el personal del ayuntamiento en esta materia.

Para abordar los distintos factores de discriminación de manera conjunta es precisa la coordinación entre distintas áreas de gobierno. En ausencia de mecanismos estables, la participación ocasional del personal con conocimiento experto se percibe como intrusismo. Por eso es conveniente diseñar canales de comunicación y espacios de trabajo coordinado que permitan la colaboración estructurada.

También es necesario disponer de datos estadísticos, no solo en función del género, sino también de la edad, nivel de ingreso y nivel formativo, nacionalidad, etnia, religión, discapacidad y orientación sexual. La escasez de recursos destinados a la recogida de datos actualmente se traduce en una sobrecarga que genera rechazo hacia la “recién llegada” interseccionalidad. Sería vital contar con personal específicamente dedicado a la recogida y análisis de datos estadísticos.

Estas propuestas pueden permitir al ayuntamiento de Madrid, y a otras administraciones, dar cumplimiento, en el ámbito de sus competencias territoriales, a las obligaciones internacionales asumidas por España con la firma de los tratados internacionales de derechos humanos.

¿Por qué es importante seguir avanzando?

A pesar de los retos aún pendientes, Madrid ha sido pionera en la introducción de la interseccionalidad. Su implementación es un proceso en construcción que se va definiendo en su puesta en práctica. Se trata de un proceso que requiere, en primer lugar, tiempo y espacio de reflexión.

Además, requiere capacidad de medición del impacto de las medidas adoptadas y flexibilidad para adecuar las herramientas al aprendizaje. Para asegurar continuidad, quedan pendientes algunos retos: la formación, la coordinación intrainstitucional y el análisis de datos estadísticos.

El camino está comenzado. Queda seguir apostando por una respuesta municipal que se comprometa a eliminar las múltiples dimensiones de desventaja que afectan la vida de la ciudadanía.

La administración municipal es la institución más cercana a la población. Es la que mejor puede dar respuestas eficaces frente a las situaciones concretas de discriminación específicas. Esto es especialmente importante en el actual escenario de pandemia, donde las brechas de desventajas se ven acentuadas y aumenta el riesgo de exclusión social.

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