Es objetivamente cierto, según sostienen los hechos, cifras y encuestas de apreciación entre sus usuarios, que nuestros sistemas públicos de salud y universitario son razonablemente eficientes. Más aún considerando los recursos limitados de los que disponen.
Igualmente, no es menos cierto que ambos han sufrido restricciones presupuestarias y de contratación de personal durante los últimos años. Tales recortes han llevado a un empeoramiento en algunos indicadores sobre su nivel de desempeño. Por ejemplo, el aumento de las listas de espera en sanidad o la pérdida de posiciones de las universidades españolas en los ránquines académicos internacionales más reconocidos.
Son aspectos que, lógicamente, preocupan a la Administración y al conjunto de la ciudadanía, especialmente a quienes hacen más uso de estos sistemas: personas de edad avanzada, en el de salud, y jóvenes, en el universitario.
Se avecinan jubilaciones masivas
Las plantillas profesionales de ambos sistemas están muy bien cualificadas gracias a la gran inversión del sistema público en preparar a sus profesionales. También por los conocimientos y experiencias acumulados por éstos durante años de ejercicio profesional. Ello representa un valioso activo de cara al desempeño de su servicio a la sociedad.
Ahora bien, las pirámides de edad de estas plantillas indican que buena parte de quienes las integran, quizás la mitad, se jubilarán en los próximos diez años.
Esta jubilación masiva de personas de gran capacidad pone en riesgo el nivel de excelencia de ambos sistemas públicos. También la propia oportunidad de una renovación que combine juventud con experiencia, indispensable en cualquier equipo humano.
Otro factor en juego es el aumento en la esperanza de vida de la población española: conforme a los datos del INE, desde los años setenta ha aumentado más de una década, pasando de 72 años en 1970 a 83 en 2022. Esto compromete la sostenibilidad del sistema público de pensiones.
Por ello, la Administración ha contemplado en otras profesiones de la función pública de características similares en cuanto a exigencias de cualificación y valor de la experiencia, como jueces y magistrados, una extensión de la edad de jubilación máxima hasta los 72 años, siempre de manera voluntaria.
En este sentido, varias Comunidades Autónomas han reclamado con urgencia, ante la Comisión de Recursos Humanos del Consejo Interministerial del Sistema Nacional de Salud, la posibilidad de aumentar hasta los 72 años la edad de jubilación voluntaria de los médicos.
A nuestro entender, la medida se justifica por las razones anteriormente expuestas, pues ayudaría a garantizar el sostenimiento y la mejora asistencial de la fracción de población que representan quienes más necesitan estos servicios. Más aún considerando que es una fracción creciente durante las últimas décadas. Es así no solo por el aumento en la esperanza de vida, sino también debido a la reducción en la tasa de natalidad, que ha caído de 2,77 hijos por mujer en 1975 a solo 1,24 en la actualidad, comprometiendo la necesaria tasa de reposición.
Retrasar la edad de jubilación en la universidad
Existe también una propuesta, formulada por un amplio colectivo de profesores universitarios e investigadores, que se pretende hacer llegar a los ministerios competentes.
En ella se recuerda el notable envejecimiento de las plantillas universitarias, donde casi la mitad de las cátedras están ocupadas por profesores mayores de 60 años, quienes conforme a la legislación actual se jubilarán como máximo en los próximos diez años.
También se hace énfasis en la necesidad de prever las consecuencias de la falta de reemplazo generacional y las jubilaciones masivas sobre el empeoramiento de muchos indicadores que miden el posicionamiento de las universidades españolas en el panorama internacional y la consideración de los estudios que en ellas se imparten.
Es importante tener en cuenta que la universidad española está inmersa en cambios y estrategias internacionales, marcados por las políticas europeas, que resultan imprescindibles para conseguir una universidad competitiva y basada en una docencia e investigación de excelencia.
Actualmente, alrededor de 50 universidades se encuentran en alguna fase de desarrollo de la estrategia de recursos humanos de investigación (HRS4R). De ellas, 44 participan en las Alianzas Europeas para construir las universidades del futuro.
Más recientemente, con la aprobación del Acuerdo Europeo para la Reforma de la Evaluación de la Investigación y la coalición CoARA, hay 46 universidades adheridas y 50 que participan en el National Chapter Spain, creado específicamente para abordar la reforma en España y liderado por ANECA, CRUE y CSIC.
Como se puede apreciar, la envergadura de estos proyectos es enorme, resultando clave para su éxito el papel del personal sénior por su valiosa experiencia. Experiencia que allanará el camino a las nuevas generaciones de docentes e investigadores, ayudando a dar el impulso que necesita la universidad pública española.
Jubilaciones siempre voluntarias
La propuesta de ampliar la edad de jubilación del profesorado y del personal investigador tendría un carácter plenamente voluntario para quien lo solicitase. Además, concedería la última palabra en el ejercicio de su autonomía a cada universidad, que la valoraría afirmativamente sólo si entiende que el solicitante puede continuar realizando una aportación valiosa y clara al desempeño de la institución. Por ello, estaría bien lejos del conocido “café para todos”.
Por otro lado, se insiste también en que dicha ampliación debe ir acompañada inexorablemente de una decidida política de incorporación de jóvenes talentos, combinación de acciones muy conveniente y necesaria, por lo que se debe emprender con urgencia.
El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades no es ajeno a ello y ha propuesto la contratación de 3 400 nuevos profesores ayudantes doctores, medida que favorecerá la atracción de talento joven al sistema universitario.
Por tanto, la propuesta no iría contra la necesaria modernización de la universidad, relanzada por la recientemente aprobada Ley Orgánica del Sistema Universitario, sino a favor de garantizar las condiciones más favorables para dicha modernización.
Se evitaría así crear una brecha entre las nuevas generaciones, que cuentan con el compromiso vocacional y el empuje de la juventud, y el profesorado sénior, que aportaría su experiencia docente y solvencia investigadora, acrecentadas durante una dilatada carrera académica.
Rescatar una iniciativa anterior
Por último, conviene recordar un artículo anterior en The Conversation sobre este tema. En él se indicaba que en algunos de los países más avanzados del mundo no hay un límite para la edad de jubilación, dejándolo a criterio del profesorado y de la institución académica.
También que en 2011 hubo en España una iniciativa legislativa que finalmente quedó pendiente de desarrollar. En ella se contemplaba que algunos profesores universitarios de prestigio, acreditado por un elevado número de evaluaciones favorables de su actividad docente e investigadora, pudieran jubilarse voluntariamente a los 75 años, en lugar de a los 70 como ocurre ahora.
Esta medida derivaba de una enmienda presentada por Convergencia i Unió a la Ley Orgánica 4/2011 de 11 de marzo, complementaria de la Ley de Economía Sostenible. La enmienda, una vez aceptada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, dio lugar a la Disposición Adicional Segunda, que decía:
“El Gobierno, previo informe de las Comunidades Autónomas y del Consejo de Universidades, promoverá la puesta en marcha, en el curso de los próximos seis meses, de mecanismos que faciliten la prolongación en el servicio activo, por un período máximo de cinco años adicionales, de los funcionarios pertenecientes a los cuerpos docentes universitarios y profesores de investigación del CSIC en los que concurran méritos excepcionales”.
Dicha disposición se debería implementar ya sin mayor dilación. De hecho, según indica literalmente la propia norma, debió haberse hecho antes de octubre de 2011.
Por eso recibimos con satisfacción y esperanza la noticia reciente de que el ministro de la Función Pública, José Luis Escrivá, pretende acercar a los funcionarios a la situación que, en términos de jubilación, existe ya en el sector privado. Así, mediante una nueva medida éstos podrían jubilarse voluntariamente antes o trabajar más allá de la edad legal de jubilación.
Ojalá la medida llegue a buen puerto y se promulgue en los próximos meses. Entre otros sectores, ganarán los sistemas públicos de salud y universitario. Ello revertirá en beneficio de toda la ciudadanía, pues ambos prestan servicios esenciales para el progreso y el bienestar de la sociedad.