Los ciudadanos españoles tienen en el artículo 31 de la Constitución el claro mandato de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos “de acuerdo con su capacidad económica”.
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La rentabilidad de las empresas creadas por personas con discapacidad intelectual no debe considerar sólo sus resultados económicos sino también los sociales.
La mejor ayuda a la salud económica de los países pobres es mejorar los derechos individuales y la fortaleza de las instituciones locales.
¿Cómo repartir los recursos disponibles en la sociedad, cuáles deben ser los criterios para establecer impuestos, cómo reconocer y gratificar la aportación de los individuos al colectivo?
Uno de los objetivos de la reforma laboral recién aprobada es reducir la exacerbada y endémica temporalidad que caracteriza al mercado laboral español.
Top contributors
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Ángel B. Gómez Puerto is a Friend of The Conversation.Profesor Ayudante Doctor de Derecho Constitucional, Universidad de Córdoba
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Presidente IE University, IE University
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Profesora Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Universidade de Vigo
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Assistant Professor of Finance, Universidad de Navarra
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Profesora Contratada Doctor, Universidad de Castilla-La Mancha
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Organización de empresas, Universidad de Castilla-La Mancha
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Investigadora Principal del grupo de investigación ENSITMA, Universidad de Castilla-La Mancha
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Catedrático de universidad, área de Organización de Empresas, Universidad de Castilla-La Mancha
