Los delitos impactan negativamente la vida de las víctimas y su entorno. Las víctimas han ganado visibilidad en políticas criminales, aunque enfrentan contradicciones en su tratamiento. La compasión es clave para una justicia efectiva, y España ha avanzado con leyes y redes de apoyo integral para víctimas.
Contorsionar el Código Penal para que, ante un daño injusto, alguien, quien sea, sea castigado, es una tentación ancestral. En las sociedades democráticas debería contenerse.
Dentro del Parque Nacional Yellowstone existe una “zona de la muerte”, una franja de tierra deshabitada en la que una laguna legal impide que cualquier crimen pueda ser juzgado.
Matrona en el baño, termas de Sidi Ghrib, Museo Nacional de Cartago.
Fabien Dany/Wikimedia Commons
¿Por qué buscamos chivos expiatorios cuando no encontramos explicaciones científicas ante determinados acontecimientos? Lo llevamos haciendo desde la Antigüedad.
Las amnistías e indultos, que hunden sus raíces en el concepto del perdón y la gracia, son potestad del Ejecutivo. Repasamos cómo se han otorgado en España, donde todavía se basan en una ley de 1870.
La posible vulneración de derechos fundamentales de los trabajadores que son investigados por la entidad, como el derecho a la intimidad o al secreto de las comunicaciones, pone en tela de juicio la eficacia de estos programas.
Edificio del Tribunal Supremo en Madrid (España).
Wangkun Jia / Shutterstock
Desde que existe la Constitución apenas existen sentencias por sedición en España. Los ciudadanos tienen derecho a prever las consecuencias de sus actos sin temor a la intervención punitiva del Estado.
El principal problema de los cibercrímenes radica en la dificultad para traducir los ataques informáticos al derecho penal y determinar la infracción que suponen.
Los actos que Vladimir Putin está cometiendo contra Ucrania podrían ser perfectamente juzgados por la Corte Penal Internacional y estos son los argumentos legales.
El proceso mediático contra el exmarido de Rocío Carrasco nos debe hacer reflexionar sobre la necesidad de garantizar en todo caso la presunción de inocencia y el respeto a las garantías constitucionales.
En situaciones de excepción, es prioritario dictar normas adecuadas a las circunstancias, lo que implica aumentar el rigor del castigo y hacerlo con normas inmunes a la retroactividad penal favorable.
Cada 10 de octubre se celebra el día mundial contra la pena de muerte.
Su abolición se asienta en sólidas bases y saberes científicos, jurídicos y sociales.
La privación de libertad de manera provisional solo se justifica si hay riesgo de huida, para evitar la reiteración delictiva o la destrucción de pruebas. No ha de usarse ni como instrumento de coacción ni como pena adelantada.
