Los informes de enero de 2022 de Oxfam, la Fundacion FOESSA y el Observatorio Social de La Caixa alertan sobre el peligro de fractura social. Pese a la recuperación, la desigualdad crece.
La propuesta de que toda la ciudadanía reciba una asignación monetaria pública incondicional ha irrumpido en el debate público. Repasamos algunos argumentos a favor y las críticas más habituales.
En 2021 subieron la electricidad y el gas, fallaron las cadenas logísticas, los niveles de deuda rebasaron todo límite, repuntó la inflación. Habrá que ver si se trata de un reacomodo tras el desajuste provocado por el confinamiento o si se trata de una cambio estructural en el modelo económico.
La aplicación del ingreso mínimo vital en España no ha tenido el alcance esperado debido a dos motivos: su diseño restringe y dificulta el acceso a la prestación y por los problemas implícitos en este tipo de ayudas (condicionalidad, costes, estigmatización).
El ingreso mínimo vital se mueve entre dos corrientes contrarias: una, proteger a las personas en situación de vulnerabilidad económica; otra, evitar fraudes en su percepción.
Uno de los problemas a solventar por el estado de bienestar español es que mientras decrece la población en edad de trabajar, sube la esperanza de vida de la población. ¿Quién y cómo pagará las pensiones en el futuro?
La norma que regula el Ingreso Mínimo Vital en España todavía busca su acomodo. Hace ya casi un año de su publicación en el BOE y desde entonces la norma ha sido modificada ya en cinco ocasiones.
El estado de bienestar sigue siendo la única herramienta capaz de articular los ideales combinados de eficiencia productiva, igualdad de oportunidades y solidaridad colectiva.
El FMI señala en su informe de septiembre de 2020 que la economía española evolucionará en función de la salud de sus ciudadanos. O sea, que no es cierto que haya que elegir entre economía y salud. Al contrario, dice que sin salud no hay economía.
Se acaba de aprobar en Consejo de Ministros el IMV, un ingreso basado en el principio de la necesidad, que se percibe según el nivel de renta. ¿Es este subsidio una competencia estatal o autonómica?