Asturias ha sido la primera comunidad en solicitar la imposición del confinamiento domiciliario, pero la actual norma no prevé esta medida y, por tanto, ninguna Comunidad Autónoma podría acordarlo amparándose en el estado de alarma.
La Ley de Teletrabajo recientemente aprobada irá entrando en vigor a medida que concluyan los convenios colectivos que ya regulan el teletrabajo. Este periodo de transición puede llegar a ser de hasta 3 años.
Que la eutanasia forme parte de la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y se financie, por tanto, con dinero público, incluidos los supuestos en los que se practique en el domicilio de la persona, es la premisa necesaria para articularla como auténtica garantía prestacional y no un mero derecho de libertad.
En pleno siglo XXI, hasta los gurús del neoliberalismo se oponen -a regañadientes- a que las grandes corporaciones puedan saltarse las reglas del juego, el ordenamiento jurídico y la regulación medioambiental.
Tras el teletrabajo urgente surgido de la pandemia, se debe fijar la forma de teletrabajo que quieren (y necesitan) empresas y trabajadores, y qué aspectos debe abordar una futura Ley del Teletrabajo.
Distintas comunidades autónomas están aprobando reformas que, con la excusa de la recuperación económica, disminuyen restricciones de protección medioambiental.
Junto con las campañas de sensibilización ambiental y la legislación sobre especies invasoras, son necesarias normas más estrictas sobre la tenencia de mascotas que reduzcan el riesgo de abandono.
Ante las anunciadas reformas en los procedimientos urbanísticos, es esencial proteger nuestro patrimonio natural y cultural. Desde los colectivos implicados se trabaja para detener esta amenaza.
El estado de alarma se prorrogó el pasado miércoles en España por cuarta vez tras una aprobación con menor apoyo por parte del Congreso de los Diputados que en ocasiones anteriores. ¿Ha cambiado algo en esta cuarta prórroga? ¿Habrá una quinta? ¿Vulneran los derechos fundamentales esta continua renovación?
El estado de alarma ha paralizado casi por completo la actividad económica, lo que ha obligado al Gobierno a flexibilizar las condiciones de los ERTE, en un intento de proteger el empleo.
El país asiático ha frenado la epidemia con una aplicación móvil en la que, aportando datos personales, se gestiona información sobre la enfermedad. ¿Podría replicarse en España sin vulnerar derechos?
La capital de España está entre las nueve ciudades europeas que adoptan un plan de acción para llevar a la práctica la obligación de respetar, garantizar y promover los derechos humanos.
El apoyo social en España al suicidio médicamente asistido y la eutanasia activa voluntaria es muy alto y ha crecido en los últimos años. Sin embargo, la mayoría de las personas encuestadas perciben que este apoyo es menor al que realmente existe si atendemos a los resultados de las encuestas.
Esta semana, un hombre ha ayudado a su esposa, enferma terminal, a acabar con su vida. Este caso ha reactivado la causa de la eutanasia. El autor defiende la derogación de este delito.
El IoT crece de manera exponencial. No así las políticas de prevención e inversión para evitar brechas de seguridad y las consecuencias que eso tiene para nuestros datos.
En un contexto social y político en el que se apela a la expulsión de personas extranjeras, la sentencia del pasado 18 de diciembre recuerda que esa medida está sujeta a requisitos que deben ser tenidos en cuenta en cada caso.
La gestación subrogada plantea un debate con numerosas aristas: ¿qué sucede con los derechos fundamentales? ¿existe un derecho a la procreación? ¿se tiene en cuenta la perspectiva de género?
El estamento jurídico no debe estar al margen de una imparable revolución tecno-científica que ya está afectando y lo seguirá haciendo a los derechos básicos de la ciudadanía. Adaptarnos a todas las realidades, convivir con la incertidumbre y la complejidad, será una experiencia rica y fascinante.