Durante la guerra en Ucrania, las instituciones judiciales rusas siguen funcionando como si no hubiera pasado nada. El 22 de marzo nos enteramos simultáneamente de la confirmación definitiva de la disolución de la ONG de derechos humanos Memorial y de la condena a Alexei Navalny, que ya llevaba dos años y medio de prisión desde febrero de 2021, a nueve años más de cárcel. Una condena que deberá cumplir en una colonia de régimen estricto, es decir, en condiciones especialmente difíciles, donde su acceso a las visitas e intercambios con el mundo exterior estará especialmente restringido.
Al igual que en el caso de su condena en 2021, el fundador del Fondo Anticorrupción (FBK, prohibido en 2021), que ha sido durante años uno de los opositores más populares a Vladimir Putin en Rusia, no fue juzgado por subversión contra el Estado, incitación a la revuelta o cualquier otro motivo político.
Esta vez fue condenado por “fraude”. Según el fiscal, había malversado grandes sumas de dinero pagadas a la FBK para su beneficio personal. Una acusación cuya naturaleza grotesca quedó demostrada durante el juicio.
La práctica de enviar a los opositores políticos a la cárcel por presuntos delitos comunes, lo que permite presentarlos como simples empresarios y les priva de una imagen de activistas desinteresados susceptibles de atraer a una parte de la opinión pública, no es nada nueva en Rusia. De hecho, se utilizó con frecuencia tanto en la época soviética como durante el imperio zarista.
La elusión de las leyes existentes, a menudo muy liberales sobre el papel, es de hecho una tradición en Rusia, donde los textos legales han permitido en muchas ocasiones a las autoridades dar una apariencia legal a decisiones arbitrarias.
El caso de Navalny constituye un nuevo ejemplo. Llega después de otras numerosas condenas contra diversas personas más o menos problemáticas para el régimen, desde el oligarca Jodorkovsky hasta el historiador Dimitriev, pasando por el líder de la izquierda radical Udaltsov y las Pussy Riot.
Hay que recordar que en febrero de 2021 el opositor ya había sido condenado no por una acusación política, sino por una acusación de fraude, que también fue fabricada. Este episodio, al igual que el de la reciente sentencia, es un caso de camuflaje de las normas legales o, por utilizar un término de la historia militar rusa, de maskirovka judicial.
Maskirovka es el arte de imitar y desviar las normas jurídicas, un arte en el que Vladimir Putin, abogado de formación, es un maestro, pero ciertamente no su inventor.
El imposible Estado de derecho en la Rusia zarista
Al igual que en otros países, los gobernantes de la primera dinastía rusa, los Ryurikids, trataron de hacer de la ley un pilar de su legitimidad, tanto dentro como fuera del país.
Esta primera versión del Estado de derecho se basó principalmente en la publicación de colecciones de leyes. Las primeras fueron las Rousskaïa Pravda (pravda significa “verdad” en ruso, pero aquí debe traducirse como “justicia”), que debemos, en su mayor parte, al gran príncipe de Kiev Yaroslav el Sabio (1016 - 1054).
A finales del siglo XV, el gran príncipe Iván III (1462 - 1505) adoptó el primer gran código de Moscovia, el Soudiébnik (de la palabra soud, el juicio), que su nieto, Iván IV (el Terrible), desarrolló y amplió en 1550.
En 1564, Iván IV creó un territorio, el Opríchnina, sobre el que ejercía su poder de manera absoluta y donde los oponentes boyardos de los que sospechaba traición sufrirían mil y una torturas. El período terminó en 1572, pero dejó una huella duradera en la cultura rusa de la maskirovka legal.
Autoritarismo y servidumbre
El largo período de dominación mongola (1237 - 1480) marcó la cultura jurídica rusa con una impronta autoritaria: las leyes de Moscovia configuraban y reflejaban un Estado en el que el monarca era un autócrata, dueño de la tierra y de los hombres, responsable ante Dios y solo ante Dios.
El Soudiebnik de Iván III sienta las bases de la servidumbre, institución endurecida en el código de 1649, el Sobórnoye ulozhéniye (Establecimiento de la Asamblea). Con mil artículos, este contrato social, resultado de un compromiso entre el poder y las élites, siguió siendo la ley fundamental hasta 1832, cuando el famoso jurista Mikhail Speransky (1772 - 1839) lo incorporó a una nueva compilación, el Svod zakonov (Colección de Leyes).
En ese momento, Rusia se había convertido en un imperio inmenso, con una jurisdicción compleja adaptada a poblaciones variadas, algunas “menos iguales que otras”, como los judíos.
El derecho es una prestigiosa disciplina de la Academia de Ciencias, y Rusia conoce a eminentes juristas, como Semion Desnitski (1740 - 1789) y Zakhari Goriouchkine (1748 - 1821), célebres profesores de la Universidad de Moscú. Pero en esencia, el Estado de derecho en el sentido en que generalmente se entiende sigue siendo un espejismo en este país donde el emperador sigue siendo “el elegido de Dios” que reina y gobierna sin ser moderado por ningún contrapoder.
La introducción del principio de la independencia de la justicia por Alejandro II, en diciembre de 1864, y la reforma que la acompañó (autorización de abogados, jueces inamovibles) constituyó un avance innegable al promover la difusión de una “cultura de derecho” en los territorios más remotos. Pero todos los intentos de sentar las bases de un verdadero Estado de derecho en Rusia, de promulgar una constitución, fracasaron.
El final del siglo XIX supuso un retroceso con el establecimiento de una legislación de emergencia, las “leyes provisionales” de agosto de 1881, destinadas a luchar contra la “subversión revolucionaria”. Una fuente de inspiración para los bolcheviques y, sin duda, para Vladimir Putin hoy.
La invención de la maskirovka legal
La necesidad de construir un Estado de derecho digno de ese nombre era un imperativo a los ojos de Lenin, exestudiante de Derecho (por correspondencia) en la Universidad de Kazán. Pero este Estado de derecho no podía basarse en principios jurídicos “burgueses”.
En enero de 1918, el líder soviético disolvió la Asamblea Constituyente, que estaba debatiendo una constitución liberal, e introdujo el concepto de “legalidad revolucionaria” (que luego se convertirá en “legalidad socialista”). En julio, presionó al Congreso de los Soviets de Rusia (los soviets eran consejos de diputados formados por soldados, obreros y campesinos, por lo que tenían legitimidad real) para que promulgase la primera Constitución del nuevo país: la República Socialista Federativa Soviética de Rusia (RSFSR).
La Constitución de Lenin abolió el principio de separación de poderes; los soviets (controlados por el partido bolchevique) concentraban en sus manos los poderes legislativo y ejecutivo. Este “atraco constitucional” precipitó la guerra civil, período en el que la ley se convirtió en un instrumento de represión arbitraria en manos de los bolcheviques.
En diciembre de 1922, Lenin creó la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. La RSFSR era su pieza central. Un año después, la URSS adopta una Constitución que proclama el nombre del nuevo régimen: la “dictadura del proletariado”.
Oficialmente, es el pueblo el que gobierna, representado por un Parlamento, el Congreso de los Soviets. Pero las libertades fundamentales, garantizadas en el papel, son pisoteadas en la vida real. La transformación totalitaria del régimen se completó en diciembre de 1936, cuando el Soviet Supremo de la URSS validó la Constitución estalinista.
Con Stalin (que desarrolló y amplió las ideas de Lenin), la justicia está en manos de un hombre que la usa para “educar a las masas” a través de juicios teatrales cuidadosamente preparados en los que antiguos bolcheviques confiesan crímenes extravagantes, extorsionados mediante chantaje y tortura (juicio de Moscú), para “purgar el cuerpo social de parásitos”.
El endurecimiento de la legislación penal comienza con la ley del 7 de agosto de 1932, que castiga con la pena de muerte el “robo de la propiedad socialista”. La gama de crímenes “contrarrevolucionarios” se refleja en el notorio Artículo 58 del Código Penal.
La máquina judicial estalinista también opera un inmenso sistema de campos de concentración, el Gulag. Por allí pasan millones de personas condenadas tras procesos judiciales absurdos, pero aparentemente legales. Entre ellas, los extranjeros.
La maskirovka de Brezhnev
La “desestalinización” implementada por Nikita Jruschov incluía un componente judicial: en enero de 1961, el país adoptó un nuevo código penal más humano, que suprimía notablemente la infame etiqueta de “enemigo del pueblo”, aunque la persecución política continuaba. No obstante, enredado en sus numerosas reformas económicas y sociales, Jruschov no encontró tiempo para promulgar una nueva constitución
No fue hasta octubre de 1977 cuando Brezhnev, el sucesor de Jruschov, finalmente promulgó una nueva constitución, diseñada como un “regalo para el pueblo” con motivo del sexagésimo aniversario de la Gloriosa Revolución Socialista de Octubre.
La Constitución de Brezhnev, la última de la era soviética es, de nuevo sobre el papel, la “más democrática del mundo” a juzgar por la gran cantidad de derechos y libertades que garantiza. La realidad es obviamente muy diferente. Un ejemplo es que, para reducir el número de presos políticos, la KGB tenía la costumbre de condenar a los disidentes por delitos comunes (fabricación de documentos falsos) o los enviaba al manicomio.
La novedad de la Constitución de 1977 es que finalmente admite, en su artículo 6, el papel dirigente del Partido Comunista y, sobre todo, que introduce una dimensión “internacional” en la maskirovka legal. Pretende alinear la ley soviética con la ley internacional.
En 1975, la URSS firmó el Tratado de Helsinki, por el que se comprometía a respetar la Declaración Universal de los Derechos Humanos a cambio de que Occidente reconociese el equilibrio de poder en Europa nacido de la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto, nunca lo hizo.
Putin, un buen alumno
El 1 de agosto de 1975, cuando Brezhnev estampó su firma en el Acta de Helsinki, Vladimir Putin era un estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad de Leningrado a punto de realizar su sueño: convertirse en agente secreto. En 1968, a los dieciséis años, se presentó espontáneamente ante el oficial de guardia de la KGB en su ciudad natal, donde le habían dicho que si quería ser reclutado debía tener estudios superiores.
Según varios testimonios, Putin fue un estudiante diligente. En 1975, a la edad de veintitrés años, defendió el actual equivalente a un máster con un trabajo dedicado a la cláusula de nación más favorecida, un tema muy discutido en la época.
Reclutado por la KGB tras la defensa de su tesis, Putin puso sus conocimientos jurídicos al servicio de una institución especializada en ocultar y abusar de los principios fundamentales de la Constitución. La violación de la correspondencia privada y la detención preventiva eran algunas de sus actividades cotidianas. Durante su estancia entre 1985 y 1990 en Dresden (en la entonces República Democrática Alemana), perfeccionó sus conocimientos de camuflaje legal aplicándolo al espionaje industrial.
Tras convertirse en primer adjunto de la alcaldía de San Petersburgo, ocupada por su antiguo profesor de derecho Anatoli Sobchak, Putin utilizó sus conocimientos para enriquecerse con diversas operaciones ilícitas en el contexto de la brutal privatización de la década de 1990, mientras se hacía pasar por un funcionario intachable.
Su reputación como un hombre leal y su “pericia legal” sedujeron a Yeltsin, quien lo reclutó en 1996 para la Administración presidencial. A Yeltsin le debemos la publicación, en diciembre de 1993, de una nueva constitución. Una simple pantalla que el presidente Putin usó y modificó para su beneficio una vez en el poder.
Después de 20 años de putinismo, la maskirovka legal es más relevante que nunca en Rusia, ya sea internamente, como acaba de confirmar la condena de Alexei Navalny, o en la escena mundial. El Kremlin dice ser un ferviente garante del derecho internacional, incluso cuando lo pisotea cínicamente durante su guerra en Ucrania.