La Ley Orgánica 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana ha sido una de las normas españolas más polémicas de los últimos tiempos. ¿Por qué al final ni se ha modificado ni se ha derogado? ¿No era tan represiva como se vaticinó en su momento?
Es preferible insistir en la educación y el respeto de los parlamentarios en su trabajo diario que imponer normas o reglas rígidas para ordenar los debates en las Cámaras.
El Consejo General del Poder Judicial español vive una situación límite por la falta de consenso a la hora de elegir a sus miembros. La legitimidad de este órgano constitucional está herida de muerte. La solución pasa por una vuelta al sistema de elección que había en 1980.
Para superar la crisis institucional que vive el Perú su presidente sugiere cambiar la legislación. Pero las crisis no se arreglan solo cambiando las leyes. Se necesita visión de Estado por parte del Gobierno y de la oposición.
La reciente renovación de los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional que elige el Congreso de los Diputados evidencia una vez más la necesidad de pactos entre los principales partidos que se traduce en un “sistema de cuotas” en función de la fuerza parlamentaria de cada uno de ellos.
A pesar de que no favorece en principio a ningún partido, se considera válido. Y los votos válidos sirven para determinar el umbral mínimo de votos que ha de conseguir un partido para entrar en el reparto de escaños. En el caso de las elecciones generales, el 3%.
No hay método perfecto de distribución proporcional de escaños. Por muchas críticas que reciba la ley D'Hont, es uno de los más equitativos para el reparto de diputados por circunscripciones.
Profesor Titular de Universidad. Investigador del Instituto Universitario para el Análisis Económico y Social (IAES) y de la Cátedra de Responsabilidad Social Corporativa. Decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Empresariales y Turismo, Universidad de Alcalá