Un reciente estudio concluye que las tasas de circulación y la creación de calles sin coches y carriles bici separados han sido las medidas más eficaces para reducir el uso del coche en las ciudades europeas.
Xavier Querol Carceller, Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (IDAEA - CSIC)
Es necesario un cambio en el transporte metropolitano, con un transvase del vehículo privado al transporte público. Las administraciones tienen que hacer un esfuerzo en este sentido, y los ciudadanos hemos de aceptar que nuestros hábitos han de modificarse para ayudar a resolver este problema de salud pública.
A través de un enfoque cuasiexperimental el autor intenta determinar si la reducción en las tarifas de transporte a los jóvenes en la Comunidad de Madrid en 2016 incidió en el número de víctimas de accidentes de tráfico.
La pandemia y el confinamiento nos han hecho replantearnos el funcionamiento de nuestras ciudades. Más allá de las necesarias transformaciones estructurales, aún existen obstáculos que impiden poner en marcha las reformas que parecían más fácilmente realizables.
El transporte público urbano se ha visto muy afectado por la pandemia: la caída de viajeros y el aumento de los costes variables (limpieza y desinfección) reducirán los ingresos de las empresas.
Diferentes urbes avanzan hacia un modelo que elimina el uso del vehículo privado, pero todavía existen barreras sociales, económicas y políticas para su implantación definitiva.
Los expertos en consumo prevén que, debido a la pandemia, los consumidores españoles reducirán la mayoría de sus gastos, manteniendo los de alimentación, entretenimiento y artículos de uso doméstico.
Si internet ya estaba cambiando el mundo, ha tenido que ser una pandemia la que nos ha puesto definitivamente frente al espejo, con nuestras virtudes y miserias.
Los hogares españoles destinan a transporte más del 13% de sus gastos totales, un porcentaje solo por encima del que emplean en vivienda y alimentación.
La eliminación del coste del transporte público solo sería una medida efectiva si un número importante de ciudadanos dejara sus vehículos en casa, evitando así la contaminación que producen.
El desarrollo de la movilidad en vehículos autónomos afectará a la propiedad privada de vehículos, al desarrollo de las infraestructuras de transporte público y al diseño de las ciudades.
Urgen modificaciones normativas que ahora tomen como objeto el régimen jurídico del taxi. Una competencia que tienen de manera exclusiva las comunidades autónomas.
Arreglar el conflicto pasa por garantizar la libre prestación a todos los interesados en competir en este mercado con exigencias ambientales, de accesibilidad y de control de precios máximos que todos deberían cumplir en las mismas condiciones.
Profesor del Departamento de Economía Financiera y Contabilidad. Instituto Universitario de Turismo y Desarrollo Económico Sostenible., Universidad de Las Palmas de Gran Canaria