En este artículo, publicado originalmente en la revista Telos de Fundación Telefónica, la autora expone cómo la economía digital ha cambiado las relaciones laborales y está modificando su marco jurídico.
La reforma laboral ataca la temporalidad haciendo del contrato indefinido la norma. Habrá que ver si resuelve el problema, pues una de las causas de la temporalidad es el alto coste del despido.
Hay que crear normas (y supervisar su cumplimiento) para que los bonos verdes no sean solo un anzuelo para inversiones. No puede haber empresas con proyectos puntuales que les permitan emitir estos bonos, pero que también realicen actividades ‘no verdes’ financiadas por otros medios.
A finales de 2021 la Comisión Europea presentó su Plan de Acción para la Economía Social: una batería de medidas con las que se propone incrementar el PIB comunitario de la economía social del 6% actual al 15%.
Desde 2019 el salario mínimo interprofesional español ha ido aumentando. La meta es que en 2023 equivalga al 60 % del salario medio neto (descontando cotizaciones sociales e impuestos) con el que se remunera a un trabajador a tiempo completo.
Si bien la reforma laboral que acaba de aprobarse dignifica los derechos de los trabajadores, sigue manteniendo la precarización en otros. Habrá que seguir trabajando y reivindicando derechos en pos de nuevas reformas de la legislación laboral española.
La normativa aprobada el 3 de febrero de 2022 fortalece los derechos laborales ligados a la antigüedad en la empresa a efectos de salarios e indemnizaciones.
La propuesta de que toda la ciudadanía reciba una asignación monetaria pública incondicional ha irrumpido en el debate público. Repasamos algunos argumentos a favor y las críticas más habituales.
La aplicación del ingreso mínimo vital en España no ha tenido el alcance esperado debido a dos motivos: su diseño restringe y dificulta el acceso a la prestación y por los problemas implícitos en este tipo de ayudas (condicionalidad, costes, estigmatización).
El confinamiento rompió una barrera al obligar a trabajadores y empresas a trabajar en remoto. Toca ahora definir cuándo puede ser un obstáculo y cuándo aporta flexibilidad y mejora el desempeño.
Cuando una persona desarrolla un cuadro neurodegenerativo que la hace dependiente surge la figura de la persona cuidadora principal. Suele ser una mujer de la familia quien hipoteca su desarrollo potencial y sus opciones de generar ingresos.
El derrumbe en 2013 del edificio Rana Plaza (Daca, Bangladés), que albergaba múltiples fábricas textiles, terminó facilitando un acuerdo (que sigue avanzando) sobre las condiciones laborales a nivel transnacional.
El ingreso mínimo vital se mueve entre dos corrientes contrarias: una, proteger a las personas en situación de vulnerabilidad económica; otra, evitar fraudes en su percepción.
Alargar la vida laboral de los trabajadores séniores contribuye a la sostenibilidad de las pensiones. Pero también lo hace incorporar a los más jóvenes al mercado laboral.
En junio de 2011 la OIT aprobó el Convenio 189, que regula y protege el trabajo doméstico. Diez años más tarde, el documento solo ha sido ratificado por 32 países. España no está entre ellos.
El teletrabajo puede suponer nuevos riesgos laborales derivados del uso de la tecnología y la falta de desconexión. Es por ello por lo que se hace necesaria una regulación entre empresa y empleados.
El calentamiento global puede tener repercusiones en muchos sectores económicos. Es necesario tener en cuenta el empleo y los derechos laborales en la transición hacia una economía más sostenible.
Dpto. Estructura Económica y Economía del Desarrollo. Coordinadora del Grupo de Estudio de las Transformaciones de la Economía Mundial (GETEM), Universidad Autónoma de Madrid