Los cambios en la normativa de los autónomos españoles mejoran su derecho a prestaciones sociales pero acarrean un sobreesfuerzo económico al subir las bases de cotización. Quedan pendientes, entre otras cuestiones, la cotización a tiempo parcial y la bonificación de las cuotas a quienes tengan pérdidas.
El gasto anual en pensiones se ha multiplicado por tres en España en los últimos 25 años, una tendencia que se va a intensificar con la llegada a la edad de jubilación de la generación del ‘baby boom’. ¿Cómo cubrir ese gasto?
Los autónomos no son un grupo homogéneo: los hay que también son patronos al emplear a otros trabajadores, otros tienen muchos clientes y ningún empleado y otros son trabajadores únicos y dependen, sobre todo, de un único cliente.
La aplicación del ingreso mínimo vital en España no ha tenido el alcance esperado debido a dos motivos: su diseño restringe y dificulta el acceso a la prestación y por los problemas implícitos en este tipo de ayudas (condicionalidad, costes, estigmatización).
Con el acuerdo para aumentar las cotizaciones los trabajadores cobrarán menos, los empresarios pagarán más y Hacienda obtendrá menos ingresos por IRPF. Sin embargo, esta medida es un claro triunfo del interés colectivo.
El incremento de 15 euros en el salario mínimo interprofesional español puede parecer una nimiedad, y todavía falta para que sea de al menos un 60% del salario medio, pero igualmente es una ganancia en los derechos de los trabajadores.
Las previsiones deficitarias en las cuentas de las pensiones obligan a una reforma que asegure el cumplimiento del mandato constitucional: garantizar a los ciudadanos la suficiencia económica en su vejez.
En junio de 2011 la OIT aprobó el Convenio 189, que regula y protege el trabajo doméstico. Diez años más tarde, el documento solo ha sido ratificado por 32 países. España no está entre ellos.
El informe de la Comisión del Pacto de Toledo propone un plan de saneamiento que saque de la Seguridad Social una serie de gastos que no deberían haber sido asumidos por las cotizaciones sociales.
La dignificación del empleo doméstico pasa por igualar sus derechos a los del resto de trabajadores, así como por la profesionalización del sector a través de la formación.
Se acaba de aprobar en Consejo de Ministros el IMV, un ingreso basado en el principio de la necesidad, que se percibe según el nivel de renta. ¿Es este subsidio una competencia estatal o autonómica?
La crisis del coronavirus no afectará por igual a todos los colectivos laborales e incidirá en las desigualdades ya existentes, profundizando en la segregación laboral de nuestro mercado de trabajo.
Reducir la temporalidad en el empleo, revisar el sistema de protección del desempleo y aprender a hacer teletrabajo son las tres grandes lecciones que deja la crisis de la COVID-19 al mercado laboral español.
Tras los ERTE y el impulso al teletrabajo, a aplicación del permiso retribuido para los trabajadores de sectores no esenciales, implica un nuevo reto para las empresas todavía en activo.
Las medidas extraordinarias tomadas por el Gobierno para proteger el empleo y las condiciones de los trabajadores no llegan a las empleadas de hogar y de cuidados, el colectivo laboral más vulnerable.
El recurrente déficit de la Seguridad Social, el vaciado de la “hucha” de las pensiones, las manifestaciones y las discusiones sobre su revalorización invitan a hacernos ciertas preguntas.
Patricia Peinado, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea
El aumento en la edad de jubilación es la medida que menos afectaría a este bienestar, mientras que el aumento en el número de años computado para el cálculo de la pensión es el que se presenta como más perjudicial.