Para que la transición energética sea justa, además de ecológica, debe hacerse reduciendo el consumo a escala global, pero asegurando unas condiciones mínimas de vida dignas para toda la población.
Colaboración ciudadana y energías sostenibles son dos ingredientes habituales de las comunidades energéticas, una apuesta clave en Europa para luchar contra el cambio climático.
La crisis del 2008, la de 2020 con el coronavirus y la de raíz energética que vivimos ahora están dejando un rastro de exclusión social que no puede siquiera solventarse durante los años que transcurren entre ellas. Hoy la exclusión social es crónica.
Aunque los países de la UE usan un mismo sistema de fijación de precios eléctricos, hay variaciones considerables en la transmisión de los precios del gas natural a los de la electricidad.
El año del confinamiento hizo más compleja la pobreza energética en España. Este artículo presenta una panorámica de la incidencia de esta problemática social en 2020 y plantea los retos futuros.
En un reciente estudio, la autora propone la creación de un equipo dedicado a reducir el número de consumidores vulnerables. Una estrategia para evitar el ‘social washing’.
Las ciudades españolas acogen casi un millar de barrios vulnerables según los datos y delimitaciones de los Catálogos elaborados por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
En el futuro, los patrones de producción, distribución y consumo serán cada vez más sostenibles. Todo apunta a ello, pese a los grandes retos que hay que enfrentar aún y los desiguales ritmos de cambio entre los países.
María González, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
La arquitecta del Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja analiza en el proyecto Covid-Hab el binomio convivientes-vivienda durante el confinamiento.
El cambio de tarifas afecta por igual a las familias beneficiarias del bono social y sitúa los precios más caros en las horas que concentran muchas de las tareas de cuidados.
Tanto la pandemia como el frío han puesto de manifiesto la vulnerabilidad de muchas familias. El derecho a suministros como la energía e internet deberían garantizarse de forma universal.
Gran parte de la población cree que dispone de las condiciones idóneas para teletrabajar en casa. Pero ¿es real esta percepción? ¿Y si se tratase de una medida a largo plazo?
La actual crisis sanitaria ha reavivado el debate sobre la vivienda, núcleo de la actividad humana durante el confinamiento, que debería cumplir con unas condiciones básicas de habitabilidad.
Los hogares españoles destinan a transporte más del 13% de sus gastos totales, un porcentaje solo por encima del que emplean en vivienda y alimentación.
El ahorro energético de las viviendas constituye su capital ecológico: un recurso monetizable que reduce la factura, disminuye las emisiones y limita las importaciones energéticas del sistema.
En los hogares madrileños donde la mujer es la fuente principal de ingresos, el riesgo de sufrir pobreza energética aumenta entre un 35 y un 120% con respecto a la media.
Es necesario caracterizar el comportamiento energético del parque de vivienda social bajo condiciones reales de uso como paso previo a la propuesta de medidas de rehabilitación.
Nos esperan nuevas formas de trabajar, de desplazarnos, mientras persisten las amenazas del cambio climático y la crisis demográfica. La tecnología, productora de cambios, provocan situaciones límites.
Es necesario que las ciudades desarrollen políticas efectivas de adaptación a las altas temperatura enfocadas, sobre todo, a la rehabilitación de viviendas de los hogares más vulnerables.
Redactora en el Departamento de Comunicación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
Dpto. Estructura Económica y Economía del Desarrollo. Coordinadora del Grupo de Estudio de las Transformaciones de la Economía Mundial (GETEM), Universidad Autónoma de Madrid