El trabajo, además de productor de riqueza, es un imperativo moral, al que se añade otra imposición de nuestro tiempo: el crecimiento económico constante. Quizás ha llegado la hora de cambiar de paradigma económico.
Reconocer como trabajadores a las personas que trabajan en plataformas aumentaría su protección social y disminuiría la desigualdad y la posibilidad de acceder a unos mínimos derechos.
Organizar reuniones remotas con los teletrabajadores no solo sirve para organizar tareas. También reduce el aislamiento que causa la deslocalización y la falta de interacción social entre compañeros.
Los votantes estadounidenses se preguntan si Trump merece tener una segunda oportunidad para arreglar la economía y, en caso contrario, evalúan si la alternativa planteada por Joe Biden es mejor.
La vigilancia a los trabajadores a través de la tecnología vulnera sus derechos. Por eso es obligatorio hacerles saber, y que autoricen, ese control. Solo puede ser secreto en circunstancias excepcionales.
La Ley de Teletrabajo recientemente aprobada irá entrando en vigor a medida que concluyan los convenios colectivos que ya regulan el teletrabajo. Este periodo de transición puede llegar a ser de hasta 3 años.
En su acuerdo de diciembre de 2019, la coalición PSOE-Podemos se comprometió a derogar la reforma laboral del gobierno de Rajoy (2012). La pandemia ha alterado los tiempos pero la propuesta está en marcha.
La crisis del coronavirus no afectará por igual a todos los colectivos laborales e incidirá en las desigualdades ya existentes, profundizando en la segregación laboral de nuestro mercado de trabajo.
Tras los ERTE y el impulso al teletrabajo, a aplicación del permiso retribuido para los trabajadores de sectores no esenciales, implica un nuevo reto para las empresas todavía en activo.
Tendrá que plantearse la adecuación de una jornada irregular previamente comunicada a los trabajadores, respetando los periodos de descanso legal, sin superar la jornada máxima anual que por convenio colectivo esté establecida en la empresa.
En un momento de incertidumbre como el que estamos viviendo, existe un interés público en evitar despidos, y así lo han entendido gobiernos como los de España, Dinamarca o Italia, para atenuar los efectos de una crisis económica que se prevé larga.
El estado de alarma ha paralizado casi por completo la actividad económica, lo que ha obligado al Gobierno a flexibilizar las condiciones de los ERTE, en un intento de proteger el empleo.
La crisis del COVID-19 se hace cada vez más aguda y empresas y trabajadores necesitan saber qué derechos y qué deberes tienen el uno para con el otro en medio de este clima de incertidumbre.
La nueva reforma laboral que va a desarrollar el gobierno de coalición de España pretende recuperar el equilibrio de las relaciones entre los empresarios y los trabajadores. Sin embargo, también suprime algunas medidas que habían eliminado rigideces del mercado de trabajo.
La consecución de la sostenibilidad medioambiental es muy urgente y necesaria pero no lo es menos la económica y social. El sufrimiento de los trabajadores atenta contra el progreso económico y erosiona la capacidad de la empresa de prolongar su vida.
Lejos de aumentar la complejidad con respecto a la gestión de personas, la diferencia de edad entre los trabajadores de una empresa aporta diversidad, modernidad y un valor estratégico diferente.
La desigualdad social y la pobreza económica han crecido en los últimos cuarenta años. El deterioro de las condiciones laborales es evidente. España no acaba de levantar cabeza frente a otros países que sí empiezan a superarlo.
Thorsten Wuest, West Virginia University; David Romero, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, and Johan Stahre, Chalmers University of Technology
Los humanos seguiremos siendo necesarios en las fábricas, incluso cuando los robots sean algo habitual. Los futuros trabajadores contarán con soporte técnico y serán más fuertes, más inteligentes y estarán constantemente conectados.