Para aumentar la calidad del empleo es primordial mejorar la normativa laboral, las políticas de empleo y las relaciones entre empresarios y sindicatos.
La rentabilidad de las empresas creadas por personas con discapacidad intelectual no debe considerar sólo sus resultados económicos sino también los sociales.
Con el pago de bonificaciones especiales y no con la subida del salario mínimo, el gobierno venezolano busca mejorar los ingresos más bajos pero se corre el riesgo de perder derechos laborales ya existentes.
Para conseguir el bienestar de las personas trabajadoras, no es suficiente con que se respeten los tiempos de trabajo y de descanso. Hace falta también dotar de flexibilidad a la jornada laboral.
El Gobierno ha encargado a un grupo multidisciplinar de expertos un análisis de las formas de precariedad en el mercado laboral español y su incidencia en la salud mental de los trabajadores.
Las plataformas digitales han crecido con la promesa de ofrecer a los trabajadores flexibilidad y autonomía. Pero han traído una enorme precariedad y han puesto de manifiesto el poder del algoritmo.
Conseguir un trabajo con condiciones dignas y que colabore al desarrollo personal y la integración social sería menos utópico si se realizaran labores de orientación con los jóvenes.
En España, las empleadas domésticas acaban de conseguir, tras años de lucha, el derecho al paro y que se endurezcan las condiciones para su despido. Queda pendiente regular las condiciones del trabajo doméstico interno.
La raplicación de los ODS ha de ser una responsabilidad compartida. Así, tanto el Gobierno municipal como las empresas madrileñas, busca incorporarlos a sus estrategias de trabajo.
Desde 2019 el salario mínimo interprofesional español ha ido aumentando. La meta es que en 2023 equivalga al 60 % del salario medio neto (descontando cotizaciones sociales e impuestos) con el que se remunera a un trabajador a tiempo completo.
La normativa aprobada el 3 de febrero de 2022 fortalece los derechos laborales ligados a la antigüedad en la empresa a efectos de salarios e indemnizaciones.
La empresa debe dejar de considerar normal la conectividad permanente de sus trabajadores. Una conciliación real y efectiva debe partir de un cambio en la cultura organizativa, empezando por la cúspide.
En 2021 subieron la electricidad y el gas, fallaron las cadenas logísticas, los niveles de deuda rebasaron todo límite, repuntó la inflación. Habrá que ver si se trata de un reacomodo tras el desajuste provocado por el confinamiento o si se trata de una cambio estructural en el modelo económico.
El desarrollo sostenible es la base de la Agenda 2030, aprobada por la Asamblea General de la ONU en 2015. El trabajo decente y la economía verde están muy presentes en este proceso.
La prestación por desempleo, a la que siguen sin derecho, es una reivindicación histórica de las personas empleadas en el hogar, un sector marcadamente precarizado, con una importante presencia de la mujer inmigrante y en muchos casos envuelto en la economía sumergida.
La construcción de sistemas de seguridad y protección social fuertes y resilientes son esenciales para la erradicación de la pobreza, el primer Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.
La economía social pretende actuar de manera transversal y con una visión a largo plazo para dignificar el trabajo de mujeres y hombres, prestando especial atención a los colectivos vulnerables.
La deslocalización permite a las grandes corporaciones maximizar sus beneficios, pero esos rendimientos pueden generar consecuencias sociales muy negativas. Una de ellas, el trabajo forzado.
Prof.ª Derecho Mercantil.Facultad de Ciencias Jurídicas. Representante Red Universitaria Eurolatinoamericana en Economía Social y Cooperativa (RULESCOOP), Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Dpto. Estructura Económica y Economía del Desarrollo. Coordinadora del Grupo de Estudio de las Transformaciones de la Economía Mundial (GETEM), Universidad Autónoma de Madrid